A casi una semana de su captura, los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique continúan detenidos en el búnker de la Fiscalía General de la Nación, sin que se haya definido aún el establecimiento carcelario donde deberán cumplir la medida de aseguramiento por el escándalo de corrupción de la UNGRD.
Este prolongado periodo en una sede temporal llevó al magistrado Misael Rodríguez, quien instruye el caso en la Corte Suprema de Justicia, a exigir al Inpec que informe de manera inmediata qué establecimientos disponen de cupo y por qué no se ha materializado su traslado, pese a que la orden judicial estaba vigente desde el momento de las capturas.
Demoras en los traslados y tensiones logísticas
El Inpec aseguró estar adelantando verificaciones internas para determinar disponibilidad en los centros carcelarios. Una de las opciones evaluadas es el traslado de Manzur a La Picota, establecimiento frecuentemente asignado a procesados por corrupción.
En el caso de Manrique, el análisis requiere mayores garantías. Su defensa solicitó reclusión en un centro intramural con protocolos reforzados de seguridad, argumentando que la congresista ha sido víctima de múltiples amenazas previamente informadas a la Corte.
El abogado Andrés Garzón Roa pidió que el organismo penitenciario asegure condiciones que protejan su integridad, insistiendo en que los riesgos asociados a su perfil político no pueden ser ignorados en la decisión sobre el lugar de reclusión.
Por qué la Corte decidió enviarlos a prisión
La Sala de Instrucción fundamentó la medida en lo que calificó como “múltiples pruebas” que evidenciarían la existencia de una red de negociación criminal entre funcionarios del Ejecutivo y congresistas, mediante la cual se habrían intercambiado contratos y recursos estatales a cambio de apoyo político.
Las declaraciones de María Alejandra Benavides Soto, Sneyder Pinilla y Olmedo López resultaron determinantes para reconstruir el entramado y ubicar a Manzur y Manrique en roles de liderazgo dentro del esquema corrupto.
Para la Corte, permitir su libertad implicaría un riesgo para la comunidad, pues la conducta investigada no sería un hecho aislado, sino parte de una práctica consolidada de mercantilización de la función pública. Además, ambos conservan influencia política que podría facilitar la continuidad o activación de redes ilegales, incluso por fuera de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP).
Pese al peso de las acusaciones, ambos congresistas fueron reelegidos el pasado 8 de marzo, lo que incrementa el escrutinio público sobre el manejo penal y político del caso.
