Cambio Colombia/ Comunidad U’wa
Una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos marcó un precedente en Colombia al declarar responsable al Estado por la vulneración de los derechos del pueblo indígena U’wa. El fallo reconoce afectaciones directas a su territorio ancestral, la ausencia de consulta previa en decisiones que los impactaron y los riesgos persistentes sobre su integridad cultural.
Su líder, Juan Gabriel Jerez, dio a conocer detalles de la decisión, que obliga al Estado a adoptar medidas concretas de reparación. Entre ellas, la clarificación de los títulos de propiedad sobre tierras ancestrales y la implementación de mecanismos eficaces para proteger su territorio sagrado, considerado esencial para su cosmovisión y pervivencia.
La decisión del tribunal internacional no solo plantea obligaciones jurídicas, sino que también deja en evidencia vacíos históricos en la relación entre el Estado y los pueblos indígenas. En el caso U’wa, las tensiones han girado en torno al control territorial, la protección ambiental y el respeto por sus formas de vida, aspectos que, según la sentencia, no han sido garantizados de manera efectiva. En Boyacá, uno de los puntos clave del cumplimiento está relacionado con la orden 12 del fallo, que involucra el plan de manejo del Parque Nacional Natural El Cocuy.
Allí, las autoridades han sostenido diálogos con la comunidad U’wa enfocados en la preservación del ecosistema y el respeto por su carácter sagrado. Sin embargo, persisten retos en la articulación entre las entidades estatales y las autoridades indígenas. “El fallo no solo representa un reconocimiento jurídico, sino también una oportunidad para replantear la relación entre las instituciones estatales y las comunidades originarias”, señaló Jerez, subrayando la necesidad de pasar del discurso a acciones concretas. El seguimiento a la implementación de la sentencia está a cargo de la Cancillería de Colombia, entidad que ha adelantado reuniones con representantes del pueblo U’wa para ajustar el cumplimiento de las órdenes emitidas.
En municipios como Cubará y Güicán, donde habitan cerca de 6.500 indígenas U’wa distribuidos en siete comunidades, la expectativa es alta. La ejecución efectiva del fallo será determinante no solo para la reparación de este pueblo, sino también como referente para otros procesos similares en el país.
