Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la reforma a la Procuraduría no cumple con los mandatos de la sentencia que se adoptó en el caso del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en julio del 2020, la cual afectó sus derechos políticos por una sanción disciplinaria de destitución.
En ese orden de ideas, la CIDH, cuestionó que el Ministerio Público, todavía conserve las facultades para inhabilitar y destruir a funcionarios de elección popular.
«Se encuentra pendiente que el Estado adecue la normativa interna que faculta a la Procuraduría General de la Nación para imponer sanciones de destitución e inhabilitación a funcionarios públicos democráticamente electos, y se solicita que en su siguiente informe presente información al respecto», indicó el documento.
De igual forma, señalan que el Estado colombiano debería presentar acciones para evitar que un organismo distinto a un juez imponga restricciones a los derechos políticos de una persona elegida por elección popular.
“En ese sentido, la reforma legal planteada por el Estado