La Corte Constitucional realizó una inspección judicial en La Guajira entre el 26 y el 28 de agosto. La comisión visitó varias comunidades Wayuu para verificar las condiciones de acceso al agua potable, la salud y la alimentación de niñas y niños.
Diligencia
La diligencia cumplió las disposiciones del Auto 1017 de 2026. Además, forma parte del seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017. En esa decisión, la Corte declaró la vulneración de los derechos fundamentales de la población infantil Wayuu. Durante las jornadas, los equipos técnicos recorrieron diferentes territorios. También escucharon a las autoridades tradicionales y a los habitantes de las comunidades. Rafael Mercado Epieyuu participó como traductor e intérprete de wayuunaiki. Su labor permitió que las comunidades expusieran directamente sus testimonios.
En materia de agua, la comisión visitó el Resguardo Indígena Wayuu de Perratpu y la comunidad de Romonero, en Riohacha. También recorrió los corregimientos de Jojoncito y Carrizal, en Uribia. Durante estas visitas, los equipos tomaron muestras de agua. Isaac Manuel Romero Borja, docente de la Universidad del Magdalena, realizó la evaluación fisicoquímica y microbiológica. El análisis siguió protocolos establecidos por las autoridades sanitarias y ambientales del país.
Uno de los principales hallazgos ocurrió en Jojoncito. Allí, la comisión observó un reservorio de agua de escorrentía superficial. La comunidad utiliza esta fuente para obtener agua destinada al consumo humano. Los magistrados auxiliares encontraron posibles signos de contaminación. Entre ellos, observaron rastros que podrían corresponder a heces de animales de corral. También detectaron microalgas que daban una coloración verdosa al agua.
La comisión trasladó las muestras a un laboratorio para realizar los análisis correspondientes. La Sala Especial de Seguimiento incorporará los resultados al informe final. La inspección también abordó la atención en salud. El equipo encontró servicios extramurales e interculturales en algunas comunidades. Sin embargo, las autoridades tradicionales expusieron varias dificultades.
Según los testimonios recogidos, algunas EPS no realizan un seguimiento adecuado a los casos identificados. Esta situación puede afectar la continuidad de los tratamientos de niñas y niños Wayuu. Las comunidades también señalaron problemas para llegar a los centros de salud. Las condiciones de las vías dificultan los desplazamientos. Durante la temporada de lluvias, estos problemas aumentan y pueden retrasar la atención médica y de urgencias.
Otro inconveniente corresponde a la disponibilidad de centros asistenciales cercanos. Algunas comunidades aseguraron que existen instalaciones de salud, pero varias permanecen sin funcionar. La comisión también revisó las condiciones relacionadas con la alimentación. Para ello, visitó los espacios destinados al almacenamiento y preparación de alimentos. Además, recorrió las rutas que utilizan las comunidades para conseguir agua.
Dificultades
Los habitantes mencionaron dificultades con el Modelo de Atención Integral y el Programa de Alimentación Escolar. Entre los problemas reportados aparecen la cantidad de alimentos, su suficiencia y la movilización de niñas y niños hacia las instituciones educativas. La administración municipal de Uribia informó sobre otro aspecto. Según la entidad, el PAE cuenta con recursos para continuar únicamente hasta octubre. La administración atribuyó esta situación a problemas de sostenibilidad financiera.
La Corte analizará toda la información recopilada durante la inspección. También tendrá en cuenta los resultados de las muestras de agua y los documentos entregados por las entidades y comunidades. Con estos elementos, la Sala Especial de Seguimiento evaluará el cumplimiento de las órdenes establecidas en la Sentencia T-302 de 2017. El análisis permitirá determinar las condiciones actuales de los derechos de la población infantil Wayuu.
Durante la inspección participaron autoridades y entidades nacionales, departamentales y municipales. También asistieron representantes de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General, la Contraloría General y diferentes ministerios. La Corte continuará el seguimiento a las medidas relacionadas con el acceso al agua, la salud y la alimentación. Los resultados de esta inspección servirán como insumo para las próximas actuaciones de la Sala Especial de Seguimiento.