La decisión del alto tribunal deja sin efectos el cobro adicional que el Gobierno había establecido durante el estado de emergencia económica.
La Corte Constitucional tumbó el decreto que imponía un cobro adicional a las empresas generadoras de energía eléctrica, una medida que había sido adoptada por el Gobierno nacional en el marco de la emergencia económica decretada a finales de 2025.
El tributo consistía en una contribución parafiscal cercana al 2,5 % sobre las utilidades del sector, con la que el Ejecutivo buscaba recaudar recursos para atender la crisis fiscal y ambiental que atravesaba el país.
Sin sustento jurídico
La decisión se da luego de que la Corte declarara inexequible el decreto que sustentaba la emergencia económica, lo que dejó sin base legal todas las medidas derivadas de esta figura excepcional.
El alto tribunal concluyó que el Gobierno no cumplió con los requisitos constitucionales para declarar el estado de excepción, al considerar que las razones expuestas no eran imprevisibles ni extraordinarias, sino problemas estructurales que debían tramitarse por vías ordinarias.
Impacto en el sector energético
Con la caída del decreto, las empresas generadoras de energía ya no estarán obligadas a pagar este impuesto adicional, que había generado críticas desde distintos sectores económicos por su posible impacto en las tarifas y en la inversión.
Expertos habían advertido que este tipo de medidas podría trasladarse a los usuarios finales a través del costo del servicio de energía, afectando a millones de colombianos.
Parte de un paquete más amplio
El cobro a las generadoras hacía parte de un conjunto de medidas tributarias impulsadas por el Gobierno para recaudar cerca de $11 billones, luego de que el Congreso no aprobara una reforma fiscal.
Dentro de ese paquete también se contemplaban impuestos al patrimonio, aumentos en el IVA y gravámenes a distintos sectores económicos.
Un nuevo revés para el Gobierno
Esta decisión se suma a otros fallos de la Corte Constitucional que han dejado sin efecto varias medidas adoptadas bajo la emergencia económica, marcando un fuerte revés para la estrategia fiscal del Ejecutivo.
El panorama ahora obliga al Gobierno a buscar nuevas alternativas a través del Congreso para financiar sus programas y cubrir el déficit fiscal, en medio de un contexto político y económico cada vez más complejo.
