Este viernes 30 de enero, la Corte Constitucional se prepara para retomar próximamente uno de los debates más trascendentales para el futuro económico de millones de colombianos: la constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024 que establece la reforma pensional del gobierno Petro. El análisis de la reforma pensional llegó a un momento clave en la Corte Constitucional, presidida por Jorge Enrique Ibáñez. Tras la vacancia judicial, el tribunal prevé reanudar la discusión sobre la ley desde el 13 de enero de 2026.
La situación judicial es extraordinariamente compleja. Hasta el cierre de 2025, la Corte enfrentó varias circunstancias determinantes: el magistrado Héctor Carvajal fue apartado tras admitir el impedimento por haber emitido conceptos jurídicos para Colpensiones antes de asumir el cargo, lo que redujo a ocho el número de magistrados participantes en la votación. Esto resultó en un empate de cuatro votos a favor y cuatro en contra en la ponencia sobre la constitucionalidad de la norma.
Como respuesta, la Corte escogió mediante sorteo a Carlos Pablo Márquez como conjuez, cuya participación será definitiva para el desenlace del proceso. Este jurista tiene ahora en sus manos la responsabilidad de desempatar una votación que definirá si Colombia implementa el sistema más profundo de transformación pensional de las últimas décadas o si mantiene el modelo vigente establecido por la Ley 100 de 1993.
Asimismo, en junio de 2025, el alto tribunal devolvió la ley a la Cámara de Representantes al detectar insuficiencias durante el segundo debate legislativo. El Congreso de la República respondió con el aporte de actas, certificaciones y pruebas sobre la nueva discusión, con lo que devolvió el expediente a la Corte para una decisión de fondo.
Hasta que se emita un fallo definitivo, están suspendidos tanto el avance de todos los procesos relacionados como la entrada en vigor del nuevo sistema de pilares (contributivo, semicontributivo, solidario y de ahorro voluntario). Sin embargo, el Gobierno Petro implementó una de las medidas previstas: el pago de un bono pensional de $230.000 a tres millones de adultos mayores, como un adelanto parcial de la reforma.
La reforma pensional propone un sistema de tres pilares: un pilar solidario que otorgará una Renta Básica Solidaria a personas mayores de 65 años (hombres) o 60 años (mujeres) que no tengan pensión y se encuentren en situación de pobreza; un pilar semicontributivo para trabajadores con aportes irregulares donde el Estado complementa los ahorros; y un pilar contributivo dividido en dos componentes (prima media administrado por Colpensiones para ingresos hasta 2.3 salarios mínimos, y ahorro individual en fondos privados para ingresos superiores).
Una de las medidas más destacadas es la reducción de semanas requeridas para mujeres con hijos. La norma establece que las mujeres que, a los 57 años, no completen las semanas necesarias podrán restar 50 semanas por cada hijo nacido vivo o adoptivo, hasta un tope de tres hijos, permitiendo obtener derecho a pensión con un mínimo de 850 semanas cotizadas.
