La Corte Constitucional de Colombia decidió suspender de manera provisional el decreto que declaró la emergencia económica y social emitido por el Gobierno nacional el pasado 22 de diciembre de 2025, lo que dejó sin fuerza jurídica dos decretos fiscales derivados de esa medida excepcional. La Sala Plena del alto tribunal adoptó la decisión con seis votos a favor y dos en contra, al considerar que preliminarmente no se acreditan los requisitos constitucionales para sostener el estado de excepción.
La suspensión del Decreto Legislativo 1390 de 2025, que servía de base para normas tributarias destinadas a atender un déficit fiscal estimado en más de 16 billones de pesos, produjo el efecto automático de dejar inejecutables el Decreto 1474 de 2025 y el Decreto 044 de 2026, ambos expedidos bajo esa declaratoria de emergencia. Estas normas contemplaban medidas como nuevos impuestos que buscaban mejorar el recaudo del Estado colombiano.
Al quedar paralizados los efectos de la emergencia económica mientras se define su constitucionalidad en un fallo de fondo, las acciones tributarias correspondientes también quedaron suspendidas, lo que genera un escenario de incertidumbre fiscal y político en el país ante el inicio formal de la discusión jurídica.
La decisión de la Corte se da en un contexto en el que el Gobierno había defendido la declaratoria como una herramienta necesaria para enfrentar los desafíos presupuestales de 2026, mientras que sectores críticos cuestionaron su legitimidad desde su expedición. Actualmente, el alto tribunal continúa con el examen de fondo de la constitucionalidad de la emergencia económica.
