La Corte Constitucional de Colombia anunció que el estudio del decreto 1390, mediante el cual el Gobierno Nacional declaró la Emergencia Económica y Social, se realizará después del receso judicial de enero, específicamente a partir del 13 de enero de 2026, una vez se reanude la actividad judicial tras la vacancia en la que se encuentra actualmente la rama.
El decreto, expedido el 22 de diciembre de 2025, establece un estado de emergencia por 30 días, sustentado en un faltante presupuestal de $16,3 billones y en la existencia de múltiples presiones financieras simultáneas que afectan al Estado, especialmente en áreas sensibles como el sistema de salud, el pago de subsidios, la seguridad ciudadana y el cumplimiento de obligaciones legales y judiciales.
La Corte explicó que, una vez levantada la vacancia judicial, avocará el control constitucional tanto del decreto que declara la emergencia como de los decretos y medidas que se expidan bajo su amparo, tal como lo establece la Constitución. Esto implica que, aunque el decreto ya está en vigor, su legalidad y constitucionalidad aún deben ser revisadas por el alto tribunal.
En caso de que la Corte avale el decreto y este se ejecute plenamente, el Gobierno y el Congreso tendrán un plazo de 30 días para realizar operaciones extraordinarias destinadas a equilibrar las finanzas públicas y completar los recursos necesarios para el Presupuesto General de la Nación de 2026, en un contexto de restricciones fiscales y limitaciones de endeudamiento.
La Corte recordó que no es la primera vez que se presenta una situación similar. En diciembre de 2009, durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se declaró una emergencia económica por la crisis del sistema de salud. En ese caso, el decreto fue expedido el 23 de diciembre, se estudió después de la vacancia judicial y la Corte emitió su decisión final el 16 de abril de 2010, lo que sirve como antecedente para el proceso actual.
El decreto 1390 justifica la emergencia en una serie de factores acumulados, entre los que se destacan:
- La obligatoriedad de cumplir un auto de la Corte Constitucional relacionado con el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en el sistema de salud.
- El deterioro del orden público y la necesidad de reforzar la seguridad ciudadana, especialmente ante el aumento de atentados contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos de cara a las próximas elecciones.
- La no aprobación en el Congreso de dos proyectos consecutivos de Ley de Financiamiento, uno para 2025 por $12 billones y otro para 2026 por $16,3 billones, lo que profundizó el desbalance fiscal.
- Los desastres naturales provocados por la actual ola invernal, que han generado mayores gastos de atención y reconstrucción.
- La existencia de sentencias judiciales pendientes de pago y obligaciones legales atrasadas, como subsidios de servicios públicos, energía eléctrica y combustibles.
- El agotamiento de las alternativas de endeudamiento, debido a las restricciones de la Regla Fiscal, así como a cláusulas derivadas de medidas unilaterales del Gobierno de Estados Unidos que afectan el margen financiero del país.
- Las limitaciones de liquidez en la Tesorería General de la Nación, que reducen la capacidad inmediata de respuesta del Estado.
En conclusión, la Corte Constitucional dejó claro que el análisis del decreto de emergencia se hará con rigor jurídico una vez termine el receso judicial, mientras el país entra en un periodo clave de decisiones económicas y políticas, marcado por tensiones fiscales, exigencias sociales y un escenario legislativo complejo. El fallo que adopte la Corte será determinante para definir el alcance real de las medidas del Gobierno y la viabilidad del manejo fiscal en 2026.
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