La funcionaria Astrid Cáceres, alertó sobre posibles irregularidades. Según afirmó, se hallaron cientos de convenios en poder de 59 operadores y con el mismo representante legal.
Nuevamente la atención está puesta en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), que desde hace algunas semanas estaba alerta por demoras en contratación para que los niños ingresaran a los jardines.
La directora de la entidad, Astrid Cáceres, alertó sobre presuntas irregularidades en cientos de contratos. Según afirmó, se hallaron por lo menos 220 contratos en poder de 59 operadores y con el mismo representante legal.
“Encontramos contratos de operadores que tristemente han tenido mayor cantidad de casos de muertes de niñas y niños asociados a la desnutrición», dijo.
Atención
La funcionaria agregó que «con estas instituciones el Icbf ha dejado de contratar, promoviendo el control a la veeduría ciudadana. Además, organizaciones o fundaciones con contratos para la atención de la niñez que han tenido relación directa con clanes políticos”.
A propósito de dichas irregularidades, Cáceres indicó que en muchos casos coincide el mismo representante legal, al igual que la dirección domiciliaria, fecha de constitución, alcance y “error en el objeto” de los contratos.
Señaló que otra de las inquietudes fue que, tras una inspección, de la cual hizo parte la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, se identificó personal de nómina con valores más altos que los pagados a los colaboradores de la entidad.
Proyectos
A esa situación se suman menores tiempos de los previstos para la ejecución de proyectos, con lo cual se evitarían el pago a proveedores. A ello se añaden más presuntas irregularidades.
“Recibimos más de 2.800 observaciones. De ahí se tejieron unas denuncias a Fiscalía por documentación falsa, experiencias que no existían y certificaciones falsas que pudimos denunciar”, agregó la directora del Icbf.
Finalmente, el Bienestar Familiar aseguró que está poniendo en marcha otro sistema de contratación que pone como prioridad a las organizaciones comunitarias, para ayudar a que los derechos de los menores no sean vulnerados.