El oficial de la Policía que investigó el gran entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, tipificado en el caso de los carrotanques, denunció que su vida y la de su familia, está en peligro.
Se trata del coronel Jorge Mora, quien, advirtió que su vida e integridad personal están en “riesgo extraordinario y extremo” luego de que el Gobierno ordenara la terminación abrupta de su comisión de estudios en Estados Unidos, decisión que hoy controvierte mediante un recurso de reposición.
Urgentes medidas de protección
Según su relato, el 30 de abril de 2024 la propia institución reconoció formalmente ese riesgo a través del Acta No. 009258-DIJIN, derivado de su trabajo contra “estructuras de criminalidad transnacional” y de investigaciones sensibles en materia de corrupción. Entre esos procesos, Mora señaló que adelantó múltiples indagaciones, uno de los casos más sonados es el relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Ese reconocimiento institucional, aseguró, obligaba a la Administración a adoptar “medidas de protección efectivas y proporcionales”.
En ese contexto, el Gobierno expidió el Decreto 0680 del 24 de junio de 2025, que le otorgó una comisión de estudios en Washington D. C. para cursar la Clase 65 del Colegio Interamericano de Defensa, con vigencia hasta el 30 de junio de 2026. Mora explicó que el acto estaba respaldado por disponibilidad presupuestal y vigencias futuras, lo que le generó “confianza legítima sobre la estabilidad” de su permanencia en el exterior.
El coronel recalcó que la finalidad de la comisión era institucional. “Se trataba de fortalecer capacidades estratégicas y de mi representación de alto nivel ante la Organización de los Estados Americanos”, afirmó. Con base en esa estabilidad jurídica, trasladó a su esposa y a su hija menor de edad a Washington, asumió gastos de instalación y vinculó a la menor al sistema educativo local, con la expectativa de permanecer allí hasta mediados de 2026.
Condiciones de inseguridad
No obstante, ante la persistencia de las condiciones de inseguridad y la posibilidad de una terminación anticipada, Mora acudió a instancias nacionales e internacionales. El 23 de diciembre de 2025 radicó una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y puso en conocimiento de su situación a la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.
De acuerdo con el oficial, la Defensoría calificó su caso como un “riesgo diferenciado” y ordenó a la Policía Nacional adoptar medidas de protección de emergencia. Por su parte, la Procuraduría confirmó el inicio de actuaciones y exigió explicaciones por el desmonte de su esquema de seguridad, anunciando un seguimiento permanente ante la falta de garantías para su integridad.
Pese a ello, el 27 de enero de 2026 la Presidencia de la República expidió el Decreto 0068, mediante el cual se ordenó la terminación de su comisión de estudios. Mora denunció que la decisión se basó en una supuesta exposición de motivos que “nunca fue anexada ni puesta a mi disposición”, lo que, a su juicio, configura una “motivación secreta” que vulnera su derecho fundamental al debido proceso y a la defensa.
Grandes preocupaciones
El coronel Mora envió una carta al Director General de la Policía, William Rincón, el 11 de enero de 2026, en la que dejó constancia de tres situaciones críticas que ponían en riesgo su seguridad y la de su familia. Primero recordó que desde el 2 de noviembre de 2025 había sido notificado del retiro de su esquema de seguridad personal y familiar, pese a la existencia de un riesgo probado y documentado, junto con comunicaciones que evidenciaban intenciones explícitas de represalia.
En segundo lugar, Mora señaló que el 15 de diciembre de 2025 había sido informado sobre el trámite de cancelación de su comisión en el exterior, un acto que solicitó fuese evaluado bajo criterios de seguridad personal y operacional. Finalmente, denunció que el 17 de diciembre de 2025 se emitió la orden de desalojo de su núcleo familiar de la vivienda fiscal, con efectividad desde marzo de 2026, eliminando así el único entorno con condiciones de seguridad adecuadas para su esposa e hija en Colombia.
