La responsabilidad social es no solo el compromiso que asumimos, sino las obligaciones que se derivan del ejercicio de los derechos. Sin embargo, en nuestro medio hay una mínima conciencia de su importancia e incidencia.
En cuanto al periodismo, la responsabilidad arranca del artículo 20 de la Carta Política. A su vez, los artículos primero y 21 de ésta, garantizan los derechos a la dignidad y a la honra. Lo expreso porque el reconocimiento de la dignidad configura el reconocimiento de los demás derechos, es decir que sin el reconocimiento de la dignidad los demás derechos se hacen nugatorios.
Como existe interdependencia e indivisibilidad de los derechos y libertades y como son consecuencia del principio de dignidad humana, este es el primer deber y la primera prioridad del periodista: garantizar la dignidad, honra y buen nombre del ser humano, eso si, haciendo conocer la verdad por delante de todo y teniendo siempre presente que la dignidad de la persona es la base de la universalidad de los derechos humanos y que si ella se desconoce, se afectan los restantes derechos.
Pues bien, es corriente en Colombia, con base en una mal interpretada libertad de prensa, desconocer la honra, dignidad y buen nombre de las personas, proceder antidemocrático y totalitario. Así lo trato en el libro, La Justicia al Servicio de la Política.
Dada pues su importancia como herramienta para buscar la verdad, debe utilizarse la contradicción y, por lo tanto, el periodismo, para hacer efectivo un tema imprescindible en las sociedades democráticas: la libertad de prensa, en Colombia, tan limitada, por múltiples factores.
Esta es una hora angustiante y preocupante para Colombia. Estamos en frente de galopante y repudiable corrupción, que afecta en lo más profundo el alma nacional; crisis en la salud, que podrá poner en peligro nuestras vidas, como en ninguna otra oportunidad de la nuestra historia reciente; inseguridad, intranquilidad, desasosiego, desazón, desesperanza, migración masiva, crisis económica; la democracia en vilo y el hambre, entre las tantas cosas graves.
El Estado de derecho se encuentra en peligro. Hay voces tan absurdas como la del ex fiscal Montealegre, invitando a desconocer la institucionalidad y, por lo tanto, el principio de legalidad, que debe presidir todos los actos del Estado, sin el cual vamos al desorden, a la anarquía y a una mayor generalización de la guerra que podría llegar a acabar con la democracia.
Estamos ante un estado de cosas inconstitucional que cada día aumenta más y más, a la cual hay que hacerle frente mediante el trabajo de todos, sin distingos de ninguna naturaleza, con energía, cautela y plena decisión, buscando que las mayorías salgan de la indiferencia. Invito ya a ello, pues hay que actuar con prontitud para no correr el riesgo de que lo construido en país y en democracia durante más de 200 años, termine desbaratándose por completo.
Entonces, estamos obligados a cumplir un papel decisivo. Empecemos por invitar, desde todos los escenarios posibles a actuar por Colombia y su democracia, pues si ésta finalmente no se coloca en peligro, nada perdemos. Al contrario, avanzamos en concientización y en participación, condiciones éstas indispensables para mejorar la democracia.
Manos a la obra, ya, antes de que sea tarde.