A partir de las 00:00 horas del 17 de febrero de 2025, la Asociación Abriendo Caminos por la Paz, en representación de las comunidades y víctimas del desplazamiento en el municipio de Ricaurte, Nariño, ha convocado a un paro indefinido en la región.
La decisión, tomada luego de una serie de reuniones y consultas con las víctimas, busca visibilizar la grave situación de vulneración de derechos que enfrentan las comunidades desplazadas y exigir la restitución de sus derechos fundamentales, así como el cumplimiento de las leyes que amparan a las víctimas del conflicto armado.
Según lo expresado por el representante legal de la Asociación Abriendo Caminos por la Paz, Edinson Armando Ortiz, el principal objetivo de este paro es garantizar la restitución de los derechos de las víctimas afiliadas a la organización.
Protección
«Estamos en una situación de desprotección total, y el paro busca exigir que se cumpla la legislación que protege a las víctimas del conflicto armado, particularmente la Ley 1448 de 2011, que establece la reparación integral, la restitución de tierras y las garantías de no repetición», manifestó el dirigente.
El paro también responde a la falta de cumplimiento de las medidas de reparación que deben ser implementadas conforme a lo dispuesto por la Ley 1448, conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la cual establece que las víctimas deben ser reparadas de manera integral, lo que incluye la restitución de tierras despojadas, la rehabilitación psicosocial, y la implementación de medidas que garantizan la no repetición de los crímenes ocurridos.
Además de la demanda por la reparación integral, la Asociación también hace un llamado urgente para que se implementen programas y políticas públicas que aborden las condiciones de extrema vulnerabilidad en las que se encuentran las víctimas de desplazamiento en Ricaurte.
Acceso
Según la organización, la falta de acceso a servicios básicos, la carencia de garantías de seguridad y la ausencia de proyectos de desarrollo son algunas de las problemáticas que afectan gravemente a las comunidades afectadas por el desplazamiento forzado.
El paro indefinido se presenta como una herramienta de presión ante la inacción de las autoridades nacionales, departamentales y locales en la atención de las necesidades más urgentes de las víctimas del desplazamiento.
El paro indefinido se enmarca dentro del derecho constitucional a la protesta pacífica y a la huelga, consagrado en la Constitución Política de Colombia. En particular, el artículo 37 establece que «toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente», mientras que el artículo 22 consagra que «la paz es un derecho y un deber de cumplimiento obligatorio».
Reparación
Esto refuerza el fundamento legal de las demandas de las comunidades afectadas, ya que las víctimas del desplazamiento tienen derecho a la reparación ya la restitución de sus tierras de acuerdo con los compromisos asumidos por el Estado colombiano en los acuerdos internacionales sobre derechos humanos.
La convocatoria al paro cuenta con el respaldo de los cabildos indígenas Awa Brisas del Río Güiza, Awa La Paz, Awa Dejando Huellas, entre otros, quienes se han unido a la causa para exigir el respeto a los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes desplazadas por la violencia.
Estos cabildos han expresado su apoyo a la Asociación Abriendo Caminos por la Paz y han reiterado su compromiso con la lucha por la restitución de tierras y el reconocimiento de los derechos de las víctimas en el territorio.