El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sogamoso programó para el próximo 4 de junio de 2026, a las 9:00 a. m., la audiencia de verificación del cumplimiento de las órdenes judiciales relacionadas con la intervención de la vía que conecta los municipios de Iza y Cuítiva, en el departamento de Boyacá. Este corredor vial, considerado estratégico para la movilidad regional y el desarrollo turístico de la zona, presenta desde hace varios años sectores críticos que aún no cuentan con una solución definitiva.
La diligencia fue solicitada por el personero municipal, Fabio Guillermo Araque Álvarez, quien manifestó su preocupación ante los reiterados retrasos en la ejecución de las obras y el posible incumplimiento de las directrices impartidas por la autoridad judicial. Según el funcionario, la falta de avances concretos ha generado afectaciones tanto para los habitantes de la región como para transportadores y visitantes que dependen de esta vía.
En el auto que convoca la audiencia, el despacho judicial reiteró la obligatoriedad de asistencia virtual por parte de las entidades vinculadas al proceso, conforme a lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Asimismo, se espera la participación de representantes de las entidades territoriales, contratistas e interventores, quienes deberán rendir un informe detallado sobre el estado actual de la obra, los avances ejecutados y las acciones adoptadas para superar los retrasos.
La comunidad, por su parte, continúa a la expectativa de resultados concretos, pues la situación de la vía no solo afecta la conectividad entre ambos municipios, sino que también incide en la economía local, especialmente en actividades como el turismo y el comercio. Habitantes han expresado en distintos escenarios su inconformidad frente a la falta de soluciones efectivas, señalando que los problemas estructurales del corredor persisten pese a los compromisos adquiridos.
Esta audiencia se convierte en un escenario clave para determinar responsabilidades y establecer medidas que garanticen el cumplimiento de las órdenes judiciales, en un contexto donde la intervención oportuna de la vía resulta fundamental para mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer la integración regional.
