Una investigación de medios independientes ha revelado que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, adjudicó recientemente contratos petroleros estratégicos a una empresa con vínculos cercanos al entorno familiar y político del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Los hechos, que se enmarcan en un intenso debate sobre la reapertura del sector energético venezolano y la entrada de capitales privados, han despertado dudas sobre conflictos de interés y transparencia en la gestión de los recursos petroleros de Venezuela.
¿Qué contratos se adjudicaron?
Los contratos conocidos como Contratos de Participación Productiva (CPP) fueron aprobados por el gobierno venezolano bajo una figura contractual impulsada por Delcy Rodríguez desde que asumió el Ministerio de Petróleo en agosto de 2024, y reforzada mediante una reforma a la Ley de Hidrocarburos aprobada por la Asamblea Nacional venezolana.
Estos contratos permiten la participación de empresas privadas —nacionales y extranjeras— en la explotación y producción de petróleo venezolano bajo condiciones especiales que, según el gobierno interino, buscan atraer inversión tras años de crisis en la industria petrolera.
Colven Business & Corp: el epicentro de la polémica
Una de las empresas beneficiadas fue Colven Business & Corp, constituida en Bogotá en octubre de 2022 —dos meses después de que Petro asumiera la presidencia de Colombia. La firma se ha visto relacionada con personajes del círculo cercano de Petro, incluyendo a Danilo Romero Gómez, identificado como compadre del presidente, y a familiares del empresario catalán Manuel “Manel” Grau Pujadas, señalado por su cercanía con la primera dama Verónica Alcocer.
Aunque Romero ha asegurado que se retiró de la empresa en octubre de 2024, documentos públicos muestran que personas de su entorno familiar y empresarial continuaron con vínculos dentro de la empresa al momento de la adjudicación. Asimismo, Colven asegura carecer de experiencia comprobada en extracción petrolera, y sus estados financieros reflejaban una situación económica limitada antes de recibir estos contratos.
Conflictos de interés y vínculos sensibles
Además de Romero, otro nombre que surgió en la investigación fue el de Alfonso Camilo Barco Muñoz, exaccionista y representante legal de Colven Business & Corp, quien antes de asumir como vicepresidente financiero de la estatal petrolera colombiana Ecopetrol estuvo vinculado a la empresa. Barco ha defendido que actuó únicamente como asesor independiente y que dejó la firma antes de que se adjudicaran los contratos en Venezuela.
Estas conexiones han generado interrogantes importantes, no por decisiones judiciales, sino por la percepción pública de que la proximidad política pudo facilitar la adjudicación de negocios petroleros de alto valor estratégico en territorio venezolano.
Contexto petrolero venezolano y apertura contractual
Los CPP son parte de una estrategia más amplia del gobierno venezolano para reactivar su industria energética después de años de caída en producción y sanciones internacionales. Tras la captura del expresidente Nicolás Maduro a inicios de 2026 y la instalación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, el país ha avanzado en reformas legales e intereses de actores privados —incluidas empresas multinacionales de hidrocarburos— para incrementar la producción petrolera.
La gestión de PDVSA ha estado bajo atención global, con Estados Unidos emitiendo licencias que facilitan la exploración y producción petrolera bajo supervisión y cumplimiento de su legislación interna, todo en el marco de una reconfiguración geopolítica de la industria energética venezolana.
¿Por qué importa este caso?
Aunque las investigaciones periodísticas no han establecido responsabilidades penales, el caso subraya cuestiones éticas y políticas significativas:
- La adjudicación de recursos naturales tan estratégicos sin transparencia pública completa.
- La participación de individuos con conexiones políticas directas en empresas beneficiadas.
- El potencial impacto reputacional para los gobiernos venezolano y colombiano.
- El debate sobre la apertura de sectores estratégicos a capitales privados en un país con historia de control estatal.
Hasta la fecha, no existe un proceso judicial formal vinculado directamente a estas adjudicaciones. Sin embargo, la discusión sobre la transparencia y la gobernanza de los contratos petroleros sigue siendo un tema central en la política energética de Venezuela y su relación con países vecinos como Colombia.
