La mayor apuesta de la Alcaldía de Tunja en materia de infraestructura continúa sin materializarse en el territorio. Se trata del Contrato Interadministrativo 1767 de 2025, suscrito por un valor de $15.076 millones, destinado a la intervención de vías, instituciones educativas, parques y salones comunales en distintos sectores urbanos y rurales del municipio.
El convenio fue firmado con la Empresa de Desarrollo Territorial de Don Matías S.A.S., entidad que no ejecuta directamente las obras, sino que actúa como administradora delegada de los recursos, con facultades para subcontratar a las firmas responsables de aportar maquinaria, personal y ejecución técnica.
El debate central se concentra en el modelo de ejecución contractual. Bajo esta figura, la Alcaldía no dirige de manera directa los frentes de obra, sino que ejerce un rol de vigilancia sobre el administrador, mientras que Don Matías S.A.S. mantiene el control operativo y contractual de los terceros ejecutores.
Esta situación quedó expuesta tras una acción de tutela y varios requerimientos ciudadanos, que obligaron a la Secretaría de Infraestructura Territorial a precisar su responsabilidad. En su respuesta oficial, la dependencia reconoció que la supervisión en campo no está a cargo directo de la administración municipal, sino de la empresa delegada.
A este panorama se suma la suspensión del contrato desde el 26 de diciembre de 2025, decisión que la Alcaldía justificó por interferencias no previstas con redes de servicios públicos. La suspensión congeló los plazos de ejecución y, al mismo tiempo, impidió el inicio de procesos sancionatorios por eventuales incumplimientos.
El contrato contempla cuatro frentes principales de inversión: infraestructura vial y peatonal, salones comunales, instituciones educativas y parques. Uno de los puntos más sensibles es el rubro correspondiente a costos de administración y gerencia, equivalente al 4,5 % del valor total, cerca de $648 millones, asignados a Don Matías S.A.S. por la gestión del convenio.
Los anexos técnicos detallan con precisión barrios, vías, tramos y sedes educativas a intervenir, así como cantidades de obra y actividades específicas. En el componente educativo, varias instituciones cuentan incluso con concepto jurídico favorable para adecuaciones eléctricas, estructurales y de ventilación. Sin embargo, ninguna de estas intervenciones ha pasado del papel a la ejecución.
La reactivación del contrato y las decisiones del administrador delegado serán determinantes para que esta millonaria inversión finalmente se traduzca en obras visibles para la ciudad.
