indagan retrasos y manejo de recursos en una obra concertada con DonMatías S.A.S.
La Alcaldía de Tunja inició el proceso para solicitar la declaratoria de incumplimiento del contrato ejecutado por la Empresa de Desarrollo Territorial Don Matías SAS, debido a presuntos retrasos en la ejecución de las obras y a la falta de información que permita verificar el manejo de los recursos públicos y la calidad de los trabajos realizados.
La alcaldesa encargada, María Paula Jiménez, explicó que la decisión surgió tras un análisis adelantado por la Secretaría de Infraestructura, que evidenció inconsistencias entre el avance físico de la obra y los cronogramas inicialmente establecidos. Según la funcionaria, los informes presentados por el contratista no permiten garantizar que el proyecto pueda concluirse en septiembre, como estaba previsto.
Además de las demoras, la Administración Municipal manifestó preocupación por la ausencia de información financiera considerada fundamental para el seguimiento del contrato. Aunque recientemente el contratista entregó un informe de cerca de 600 páginas, este no incluyó documentos como los reportes de interventoría ni los rendimientos financieros de la cuenta donde debían permanecer los recursos destinados al proyecto. “Todavía no estamos atendiendo las situaciones más críticas, que son saber dónde está el dinero y cuál es la calidad de la obra que se está ejecutando”, señaló Jiménez.
La mandataria también indicó que la Tesorería Municipal certificó que los recursos transferidos por el municipio no se encuentran en cuentas a nombre de la administración, pese a que sí existe registro de los desembolsos realizados. Ante la falta de respuestas a las solicitudes de información enviadas a la empresa, la Alcaldía evalúa presentar una acción de tutela para obtener acceso oportuno a los documentos requeridos. Mientras avanza el proceso administrativo, la Administración Municipal confirmó que la Contraloría General de la República ya inició una auditoría al contrato. El objetivo, según la Alcaldía, es esclarecer la situación, determinar posibles responsabilidades y garantizar la protección de los recursos públicos.
