Una nueva controversia sacude al Gobierno nacional tras revelarse presuntas gestiones privadas alrededor de uno de los contratos de defensa más costosos y sensibles de los últimos años: la implementación del llamado Escudo Nacional Antidrones, un proyecto estimado en $6,2 billones (unos 1.681 millones de dólares).
La investigación periodística apunta a que un excuñado del hermano del ministro del Interior, Armando Benedetti, habría sostenido reuniones y realizado movimientos que, según fuentes citadas, buscarían favorecer a una empresa turca en el proceso de contratación.
Un contrato estratégico en medio de una amenaza creciente
El proyecto del sistema antidrones surge como respuesta a un fenómeno que ha escalado en Colombia: el uso de aeronaves no tripuladas por parte de grupos armados ilegales. En los últimos cinco años se han registrado al menos 860 ataques con drones, con un saldo de 62 personas muertas, según datos citados en las investigaciones.
Ante este panorama, el Gobierno busca implementar una plataforma tecnológica capaz de detectar, bloquear o neutralizar drones utilizados en acciones violentas, lo que convierte este contrato en una prioridad de seguridad nacional.
Sin embargo, el alto valor económico y el carácter estratégico del proyecto han despertado alertas sobre posibles intereses indebidos en su adjudicación.
El memorando con Turquía y las dudas sobre transparencia
El foco de la polémica está en un memorando de entendimiento firmado en junio de 2025 entre Colombia y Turquía, que, según revelaciones periodísticas, habría abierto el camino para que la empresa estatal turca MKE Corporation participara con ventaja en el proceso.
Este documento habría sido suscrito antes de que el Gobierno anunciara oficialmente el inicio del proceso de contratación, lo que contradice declaraciones públicas del ministro de Defensa, quien ha sostenido que la iniciativa apenas comenzó en 2026.
Las dudas aumentan porque el proceso se ha manejado con reserva institucional, especialmente desde el despacho de la viceministra de Defensa, lo que ha limitado el acceso a información detallada.
Reuniones, vínculos y presuntas gestiones
En el centro de la controversia aparece Carlos Alberto Dada, empresario señalado como excuñado de Camilo Benedetti (hermano del ministro). De acuerdo con las revelaciones, Dada:
- Habría ingresado al Ministerio de Defensa en diciembre de 2025
- Se reunió con la viceministra Angélica Verbel
- Presuntamente habría impulsado gestiones para favorecer a la empresa turca
Según fuentes citadas, existía incluso urgencia por concretar el contrato antes de finalizar el año, lo que genera sospechas sobre presiones indebidas en el proceso.
Además, se ha señalado una relación previa: en 2020, una empresa vinculada a Camilo Benedetti habría trabajado con la firma turca en contratos de material militar, lo que alimenta las dudas sobre posibles conflictos de interés.
Respuestas y negaciones
Tanto los involucrados como el propio ministro han rechazado los señalamientos.
Armando Benedetti aseguró públicamente que:
- No tiene ninguna relación con el contrato
- Su familia no actúa como intermediaria
- El proceso de compra aún no ha sido abierto oficialmente
Incluso calificó las versiones como carentes de rigor y negó cualquier tipo de influencia en la contratación.
Por su parte, Camilo Benedetti también negó interés en el negocio, mientras que Dada reconoció la reunión en el Ministerio, pero afirmó que fue de carácter personal y sin relación con el contrato.
Un debate más amplio: seguridad vs. transparencia
Más allá de los nombres propios, el caso reabre una discusión de fondo en Colombia: cómo garantizar transparencia en contratos de defensa, especialmente cuando involucran montos millonarios y tecnología estratégica.
Expertos advierten que este tipo de procesos deben cumplir estándares estrictos de:
- Competencia abierta
- Trazabilidad de decisiones
- Control institucional
Esto, para evitar que intereses privados interfieran en decisiones que afectan directamente la seguridad nacional.
El Ministerio de Defensa, por su parte, ha señalado que la información del proyecto tiene reserva legal y que las reuniones conocidas no implican compromisos contractuales.
