La tensión crece en Boyacá tras conocerse una acción legal que busca suspender de manera inmediata un millonario proyecto de restauración ecológica en el complejo de páramos Tota–Bijagual–Mamapacha. La alerta fue encendida por la Fundación Little Guardians, que advierte posibles fallas técnicas en la ejecución del contrato que podrían traducirse en un daño ambiental de gran escala y en la pérdida de recursos públicos. El proyecto, que supera los 26 mil millones de pesos provenientes del Sistema General de Regalías, es ejecutado por la Gobernación de Boyacá mediante un consorcio contratado para intervenir áreas estratégicas del páramo. Sin embargo, el núcleo de la controversia está en la supuesta siembra de especies vegetales que no corresponden a las condiciones propias de este ecosistema de alta montaña.
Según lo denunciado, estas plantas tendrían pocas probabilidades de sobrevivir debido a factores como la altitud, la humedad extrema y las características del suelo. De confirmarse, el resultado sería un fracaso técnico con consecuencias ambientales directas sobre uno de los ecosistemas más sensibles del país. A esto se suma el uso de maquinaria pesada, la apertura de hoyos en zonas con cobertura vegetal nativa y el tránsito constante de personal en áreas protegidas, lo que ha generado preocupación entre comunidades y veedurías ambientales que ya venían alertando sobre posibles afectaciones. El caso también encendió las alarmas en materia fiscal. Al tratarse de recursos públicos, existe el riesgo de un detrimento patrimonial si las actividades no cumplen con su objetivo. Por esta razón, entidades como la Contraloría General de la República ya iniciaron procesos de seguimiento, mientras que otros organismos de control analizan el alcance de la intervención. El requerimiento legal fue dirigido al Ministerio de Ambiente, a Corpoboyacá y a otras entidades responsables, que ahora cuentan con un plazo de 15 días para responder. De no obtener una solución clara, se avanzaría hacia una acción popular que podría derivar en la suspensión del contrato mediante medidas cautelares. Uno de los puntos más críticos del debate recae en los conceptos técnicos que permitieron la viabilidad del proyecto. Desde la organización denunciante se cuestiona si dichos avales cumplen realmente con los estándares necesarios para intervenir un ecosistema tan delicado como el páramo.
Mientras tanto, el futuro del proyecto es incierto. Podría ser suspendido, ajustado o continuar bajo observación, en medio de un debate que pone sobre la mesa la forma en que se ejecutan este tipo de iniciativas ambientales. Lo cierto es que el caso ya trascendió lo técnico y lo administrativo y está en juego la protección del páramo y el uso eficiente de recursos públicos. La decisión que se tome marcará un precedente sobre cómo se deben manejar las intervenciones en estos ecosistemas estratégicos.
