Contratistas de la Alcaldía de Cartagena y de la Gobernación de Bolívar denunciaron presuntas presiones para respaldar electoralmente al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, bajo la advertencia de que sus contratos de prestación de servicios podrían no ser renovados si no apoyaban la campaña. Según los testimonios recogidos por medios de investigación, los trabajadores habrían sido obligados a asistir a eventos políticos, conseguir votantes e incluso presentar pruebas de su respaldo electoral.
Las denuncias señalan que las presiones se habrían extendido a diferentes dependencias públicas de Cartagena y Bolívar, donde miles de personas trabajan mediante órdenes de prestación de servicios. Algunos contratistas afirmaron que recibieron instrucciones para fotografiar su voto o demostrar su participación en actividades proselitistas como condición para mantener sus vínculos laborales.
De acuerdo con los relatos, la inconformidad aumentó durante un acto político realizado en Cartagena a comienzos de junio, donde presuntamente se exigió a contratistas movilizar decenas de asistentes para llenar la plaza donde se desarrolló la concentración. Varias fuentes aseguraron que la mayoría acudió por temor a represalias laborales y no por convicción política.
Las acusaciones se suman a otras denuncias recientes sobre posibles prácticas de constreñimiento electoral y verificación irregular del voto en distintas regiones del país, situaciones que han generado llamados para que las autoridades electorales y los organismos de control investiguen los hechos y garanticen la libertad del sufragio.
