Contratación pública: más allá de la Ley de Garantías
La contratación pública vuelve a acelerarse tras las elecciones y revive un problema que ningún gobierno ha logrado corregir.
La contratación pública existe para responder a las necesidades de los ciudadanos y garantizar que los recursos del Estado se administren con transparencia, eficiencia y criterios de interés general. Sin embargo, en Colombia el calendario electoral ha terminado condicionando ese propósito.
Cada vez que concluye una campaña presidencial y finaliza la vigencia de la Ley de Garantías, el país presencia una aceleración de contratos que revive viejas preguntas sobre la forma en que se gestionan los recursos públicos y sobre la necesidad de revisar un modelo que, lejos de corregirse, parece repetirse elección tras elección.
La contratación pública vuelve a acelerarse
Las cifras conocidas en las últimas semanas vuelven a llamar la atención. De acuerdo con Transparencia por Colombia, entre el 22 de junio y el 10 de julio se suscribieron más de 43.000 contratos por cerca de siete billones de pesos, apenas días después de la segunda vuelta presidencial.
Al mismo tiempo, el informe advierte que miles de procesos seguían pendientes de firma, lo que anticipa un incremento aún mayor de la contratación durante el período de transición.
No obstante, limitar la discusión a lo ocurrido este año sería simplificar un problema que viene de tiempo atrás. La propia Contraloría estableció que, antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías, enero de 2026 registró más de 521.000 contratos directos por 32,8 billones de pesos, con un incremento significativo frente al mismo período electoral de 2022.
Las cifras cambian de una administración a otra. Sin embargo, el comportamiento permanece prácticamente intacto. La denominada «raspada de olla» no distingue gobiernos, ideologías ni discursos de campaña.
Contratación pública y un problema estructural
Esa es precisamente la discusión que el país debería dar. La contratación pública acelerada no puede seguir analizándose únicamente como un motivo para cuestionar al gobierno saliente de turno.
Si el mismo fenómeno aparece cada cuatro años, bajo administraciones de distintas tendencias políticas, el problema deja de ser coyuntural y se convierte en una falla estructural.
La Ley de Garantías fue concebida para proteger la transparencia durante el proceso electoral. Sin embargo, la práctica demuestra que buena parte de la actividad contractual simplemente se concentra en las semanas inmediatamente anteriores o posteriores a su vigencia.
Transparencia y control durante las transiciones
Las consecuencias de ese comportamiento van más allá de las cifras. Cuando miles de contratos deben tramitarse en períodos reducidos, aumenta el riesgo de disminuir la competencia, reducir el escrutinio ciudadano y comprometer recursos públicos con menor capacidad de seguimiento.
Además, el propio informe de Transparencia por Colombia identificó casos que reflejan una fuerte dependencia de la contratación por prestación de servicios para suplir funciones permanentes del Estado, una realidad que también merece una revisión de fondo.
Por eso, la discusión no debería agotarse en la búsqueda de responsables circunstanciales. Colombia necesita revisar las reglas que permiten esta concentración de contratos, fortalecer los mecanismos de vigilancia durante las transiciones de gobierno y aprovechar herramientas tecnológicas que permitan detectar comportamientos atípicos en tiempo real.
La transparencia no puede depender únicamente de la denuncia posterior; debe construirse desde la prevención.
Las elecciones cambian a quienes administran el Estado, pero las instituciones permanecen. Precisamente por esa razón, los problemas que sobreviven a distintos gobiernos exigen soluciones que también trasciendan los intereses políticos del momento.
Mientras el debate público continúe concentrado en descubrir quién raspó la olla en cada transición presidencial, seguirá pasando inadvertido el verdadero problema: que el diseño institucional mantiene abierta la misma ventana para que la historia vuelva a repetirse cada cuatro años. Así, la contratación pública seguirá siendo un desafío para la transparencia y la confianza ciudadana.
Embudo
Cada vez que termina una elección presidencial, los colombianos vuelven a presenciar una escena que parece repetirse sin importar quién llegue al poder. Mientras la atención del país se concentra en la transición política, la contratación pública se acelera y resurgen las dudas sobre el manejo de los recursos del Estado. Más que un episodio aislado, el fenómeno refleja una práctica que se ha instalado en el calendario electoral y que sigue poniendo a prueba la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
Frase
«La transparencia no consiste solamente en abrir la información, sino en garantizar que las decisiones públicas puedan ser vigiladas por los ciudadanos».
Andrés Hernández
Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia.
Un día como hoy – 28 de julio
- 1750: Murió Johann Sebastian Bach, célebre compositor alemán, en Leipzig.
- 1914: Austria-Hungría le declaró la guerra a Serbia, dando inicio a la Primera Guerra Mundial.
- 1980: Falleció Haydée Santamaría, revolucionaria cubana conocida como la «Heroína del Moncada».
- 2019: Egan Bernal, ciclista nacido en Zipaquirá, se coronó campeón del Tour de Francia.
