Programa de Alimentación Escolar- Boyacá/ Foto: Gobernación de Boyacá
La Contraloría Generaloría de la República encendió las alarmas sobre el funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Colombia, con especial atención en las condiciones laborales de las manipuladoras de alimentos y en posibles irregularidades en el manejo de los recursos públicos. Boyacá aparece dentro del panorama nacional como uno de los territorios donde estas alertas cobran relevancia por la continuidad de denuncias y hallazgos administrativos.
De acuerdo con el ente de control, entre 2024 y 2025 se recibieron más de 1.000 peticiones ciudadanas relacionadas con el PAE a nivel nacional, de las cuales una parte significativa está vinculada a problemas laborales como retrasos en pagos, inestabilidad contractual y presuntas fallas en los procesos de vinculación del personal operativo.
En el caso de Boyacá, aunque no se ha emitido un reporte exclusivo por departamento en este último informe, sí se han identificado situaciones recurrentes en auditorías anteriores sobre la ejecución del programa en entidades territoriales.
Las manipuladoras de alimentos, pieza clave en la operación diaria del PAE, estarían siendo vinculadas en varios casos mediante contratos de corta duración, en períodos cercanos a cuatro meses, lo que según la Contraloría podría fragmentar la relación laboral y generar afectaciones en el acceso a prestaciones sociales y seguridad social.
Esta situación no es exclusiva de Boyacá, pero se replica en distintos municipios del departamento donde la operación del programa depende de operadores contratistas. En paralelo, las auditorías de cumplimiento han evidenciado hallazgos con posible incidencia fiscal a nivel nacional por más de 18.600 millones de pesos en 2025, asociados principalmente a sobrecostos y debilidades en la ejecución contractual. Boyacá no ha estado exento de revisiones, especialmente en procesos adelantados por entes territoriales para la contratación del servicio en instituciones educativas rurales y urbanas.
La Contraloría ha insistido en la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia por parte del Ministerio del Trabajo y de las administraciones departamentales y municipales, con el fin de garantizar condiciones laborales dignas y mayor transparencia en la administración de los recursos del PAE. En el contexto boyacense, donde el programa tiene alta cobertura en zonas rurales dispersas, las alertas adquieren una dimensión adicional: la dependencia de comunidades escolares del servicio de alimentación hace que cualquier falla en su ejecución tenga impactos directos en la permanencia educativa y el bienestar de los estudiantes. El debate queda abierto entre la eficiencia del gasto público y la garantía de derechos laborales de quienes sostienen la operación diaria del programa.
