Contratación Genera Polémica
Juez suspendió anticipo millonario tras acción popular presentada por la Procuraduría.
Redacción Extra
La construcción del malecón turístico sobre el río Meta, uno de los proyectos de
infraestructura más ambiciosos para el municipio de Cabuyaro, se encuentra en el centro de
una controversia judicial por la forma en que fueron adjudicados los contratos para su
ejecución e interventoría.
Los hechos
El proyecto, financiado con recursos del Sistema General de Regalías y aportes del
municipio, suma inversiones superiores a los $58.600 millones, de acuerdo con la
información publicada en la plataforma SECOP. Sin embargo, más allá de la magnitud de la
inversión, lo que hoy genera cuestionamientos es el mecanismo utilizado para contratar la
obra.
Según los registros oficiales, el contrato principal para la construcción del malecón fue
celebrado por $54.769.999.974, mientras que la interventoría administrativa, técnica,
financiera y ambiental fue contratada por $3.747.429.052. A ello se suma un contrato de
$130.962.000 destinado al apoyo de la supervisión.
Los tres procesos aparecen registrados bajo la modalidad de contratación directa, una
figura que ahora es objeto de revisión por parte de la jurisdicción administrativa.
La controversia tomó mayor relevancia luego de que la Procuraduría General de la Nación
promoviera una acción popular al considerar que podrían estar en riesgo derechos
colectivos relacionados con la moralidad administrativa y la protección del patrimonio
público.
Como medida cautelar, un juez ordenó suspender el desembolso de cerca de $30.000
millones, correspondientes al anticipo previsto para la ejecución del proyecto, mientras
avanza el estudio del caso.
Es importante precisar que esta decisión no constituye una declaración de responsabilidad
ni una condena contra los contratistas o las entidades involucradas. Se trata de una medida
preventiva adoptada para evitar que los recursos públicos sean comprometidos antes de
que la justicia determine si el proceso contractual cumplió con los requisitos legales.
Debate
El debate gira principalmente alrededor del uso de la contratación directa para una obra de
semejante envergadura económica. La Procuraduría considera que existen aspectos que
deben ser analizados por el juez, especialmente frente al procedimiento utilizado para
adjudicar tanto la construcción como la interventoría.
Por su parte, será la justicia administrativa la encargada de establecer si la modalidad de
contratación empleada por Asomunicipios tenía sustento jurídico y si el proceso se ajustó a
las normas que regulan la contratación estatal y el manejo de los recursos públicos.
Los documentos disponibles en SECOP también evidencian que los procesos fueron
publicados entre finales de mayo y comienzos de junio de 2026, por lo que dentro del
proceso judicial también podrían revisarse las actuaciones y fechas relacionadas con la
expedición de los documentos contractuales.
Mientras tanto, el proyecto permanece bajo observación de los organismos de control
debido a la importancia de los recursos comprometidos y al impacto que tendría para el
desarrollo turístico de Cabuyaro.
