En medio de la emergencia económica declarada por el Gobierno colombiano para atender la crisis invernal que ha afectado a miles de personas en el país, un apartado del Decreto 0175 de 2026 ha generado una fuerte controversia política y jurídica. Se trata de una disposición que permite la contratación directa sin límites y sin las restricciones habituales, incluso en plena época electoral.
La medida, que inicialmente buscaba agilizar la respuesta estatal ante la emergencia, ha sido señalada por distintos sectores como una “perla” —o incluso un “mico”— que podría abrir la puerta a riesgos de corrupción y uso indebido de recursos públicos.
Contexto: emergencia económica por crisis invernal
El Gobierno declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica tras graves inundaciones en varias regiones del país, que dejaron más de 150.000 afectados y daños masivos en viviendas e infraestructura. Esta figura permite al Ejecutivo expedir decretos con fuerza de ley sin pasar por el Congreso, con el objetivo de actuar rápidamente ante la crisis.
Dentro de ese marco, el Ejecutivo emitió varios decretos, entre ellos el Decreto 0175 de 2026, orientado principalmente a facilitar la ejecución de recursos en sectores críticos como el agro y la atención humanitaria.
La medida polémica: contratación directa sin restricciones
El punto más controvertido del decreto radica en que autoriza a las entidades públicas a contratar de manera directa, es decir, sin procesos de licitación o selección competitiva.
Además, introduce dos cambios clave:
- Elimina el límite del 50% para adicionar contratos, permitiendo aumentos sin tope sobre su valor inicial.
- Exceptúa la aplicación de la Ley de Garantías, que normalmente restringe la contratación estatal en periodos preelectorales.
Esto significa que, en plena época electoral, las entidades podrían celebrar contratos sin las restricciones habituales que buscan evitar el uso político de los recursos públicos.
Reacciones políticas y críticas
La senadora Angélica Lozano fue una de las primeras en alertar sobre el contenido del decreto, calificando esta disposición como una “perla” dentro del articulado. Según la congresista, aunque la emergencia requiere rapidez, no puede convertirse en un “cheque en blanco” para la politiquería.
Expertos en contratación pública también han advertido que la eliminación de controles puede:
- Reducir la transparencia
- Disminuir la competencia entre proveedores
- Aumentar el riesgo de favoritismos o corrupción
Argumento del Gobierno
Desde el Ejecutivo se ha defendido la medida señalando que la prioridad es agilizar la ejecución de recursos en zonas afectadas por la emergencia.
El decreto establece que estas contrataciones deben mantener principios como:
- Economía
- Responsabilidad
- Selección objetiva
Y que debe existir un nexo directo entre el contrato y la atención de la emergencia, como mecanismo de control.
El debate de fondo: rapidez vs. transparencia
La controversia gira en torno a un dilema clásico en la gestión pública durante estados de excepción:
- Por un lado, la necesidad de actuar con rapidez frente a una crisis humanitaria.
- Por el otro, la obligación de garantizar transparencia y evitar el uso político de los recursos, especialmente en época electoral.
El hecho de que la medida levante restricciones de la Ley de Garantías ha encendido las alarmas, ya que esta norma existe precisamente para impedir que los gobiernos utilicen la contratación estatal como herramienta electoral.
Conclusión
El Decreto 0175 de 2026 se ha convertido en el centro de un debate nacional que trasciende la coyuntura de la emergencia. Mientras el Gobierno insiste en la urgencia de actuar, sectores políticos y expertos piden mayores controles y vigilancia.
En un país donde los antecedentes de corrupción en la contratación pública han dejado huella, la discusión no es menor: se trata de definir hasta dónde puede llegar el poder excepcional del Estado sin poner en riesgo la transparencia democrática.
