La Contraloría General de la República terminará el próximo primero de septiembre la vinculación de 349 funcionarios de la planta temporal encargada de ejercer vigilancia sobre los recursos del Sistema General de Regalías.
La decisión responde a la falta de presupuesto para mantener estos cargos hasta el cierre de 2026. Para el funcionamiento de esta planta temporal durante el bienio 2025-2026 fueron asignados y entregados recursos por $151.243 millones.
De acuerdo con las cifras de la Contraloría, al 31 de julio se habían destinado $141.078 millones a gastos de personal, equivalentes al 93,47 % del presupuesto entregado para ese propósito.
La salida de los funcionarios no implica la eliminación de la planta temporal ni la suspensión de las funciones de control fiscal sobre los recursos de regalías. Sin embargo, sí reduce el equipo que actualmente realiza el seguimiento y vigilancia de estos recursos públicos.
Una alerta que ya había sido advertida
La situación había sido anticipada por el contralor saliente, Carlos Hernán Rodríguez, quien advirtió que la caída de los ingresos del Sistema General de Regalías podía terminar afectando la capacidad de vigilancia de la entidad.
En una alerta divulgada el pasado 3 de agosto, la Contraloría señaló que la reducción de los recursos provenientes de los hidrocarburos y los minerales también ponía en riesgo la financiación de la planta especializada encargada de controlar estos dineros.
El organismo advirtió entonces que una menor disponibilidad de recursos podría limitar su capacidad operativa para ejercer una vigilancia oportuna y efectiva. Días después, esa advertencia se materializó en el anuncio de la salida de 349 funcionarios a partir del primero de septiembre de 2026.
Menores regalías, mayor presión fiscal
La reducción de los ingresos por regalías ocurre en medio de un escenario de presión sobre las finanzas públicas del país.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, ha advertido sobre la situación económica de Colombia, marcada, según sus declaraciones, por la crisis fiscal, el elevado gasto público del Gobierno anterior, la baja competitividad exportadora y la inflación.
A este panorama se suma la alerta de la Contraloría sobre el Presupuesto General de la Nación para 2027, que tendría una posible desfinanciación de $30,2 billones.
La disminución de los ingresos provenientes de las regalías genera además preocupación por su impacto en la inversión regional, dado que estos recursos financian proyectos en departamentos y municipios. En este contexto, la reducción del equipo encargado de vigilar estos fondos plantea un nuevo desafío para el control de los recursos públicos.
