Cómo es posible que en los actuales exámenes de conocimiento que se le están haciendo en estos momentos en el país a los aspirantes a las contralorías, son muchos los que han logrado el puntaje perfecto, o sea que respondieron de manera acertada todas las preguntas, pero en cambio en lo que corresponde a su hoja de vida y experiencia, sus calificaciones son mínimas.
Esto solo puede significar una cosa. Que quienes tuvieron ese desempeño de genios en los exámenes de conocimientos, conocían de antemano, las preguntas que se les iban a hacer y en ese sentido, las versiones que circulan a nivel nacional, es que un examen de esta clase, puede llegar a costar 300 millones de pesos.
Delicadas denuncias
En estos instantes, precisamente se lleva a cabo en Pasto, el proceso para suplir el cargo de Contralor en la ciudad, actividad que generado cantidades de denuncias, en torno a posibles amaños, clientelismo, contratos a dedos y exámenes comprados, acusación que ha sido recurrente, en los últimos procesos.
Lo cierto es que la elección del próximo contralor municipal de Pasto, que debería ser un proceso transparente y meritocrático, hoy está bajo la sombra de graves cuestionamientos. Derechos de petición, tutelas y oficios radicados ante el Concejo Municipal revelan un patrón de irregularidades que van desde la exclusión arbitraria de aspirantes hasta supuestas filtraciones de los exámenes de conocimiento.
Inquietantes antecedentes
De acuerdo con varias quejas, algunos concursantes fueron eliminados sin una motivación jurídica sólida, bajo interpretaciones restrictivas de la ley que desconocieron pruebas que acreditaban el cumplimiento de requisitos. Otros documentos advierten que, semanas antes de realizarse la prueba, ya circulaban listas con los nombres de quienes ocuparían los primeros lugares: Francis Duque Fajardo, Daniel Mauricio Coral Palacios y Paola Andrea Oviedo Bravo, entre otros.
En el centro de las denuncias aparece la firma de abogados Fajardo, a la que estarían vinculados varios de los opcionados mejor ubicados, como Carlos Fernando Cabrera Zambrano y María Mercedes Tulcán Cabrera, incluso con registros en redes sociales que muestran nexos con el bufete.
Punto polémico
Otro punto polémico es el contrato directo firmado con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas por $50 millones para organizar la convocatoria. El mismo proceso en Popayán costó $27 millones, casi la mitad. Pese a las alertas, el presidente del Concejo, William Andrés Meneses, mantiene la supervisión del contrato.
Negociación con exámenes.
El Acto Legislativo 04 de 2019 buscó blindar estas elecciones con universidades acreditadas, pero hoy ese modelo está en entredicho. Se denuncian pruebas vendidas hasta por $300 millones y manipulación de hojas de vida para favorecer a candidatos conectados políticamente.
Mientras tanto, en Pasto, los concejales guardan silencio. La ciudadanía, en cambio, exige respuestas: ¿en qué momento se volvió normal comprar el cargo de quien debe vigilar los recursos públicos?
Transparencia en duda
Varios ciudadanos y aspirantes han presentado reclamaciones, tutelas y derechos de petición que ponen en duda la transparencia del proceso de elección del contralor(a) municipal de Pasto. Los documentos aportados por los denunciantes —entre ellos acciones de tutela, oficios y una denuncia al Procurador— señalan tres focos principales: (1) exclusiones de aspirantes por supuestos fallos técnicos en la recepción de correos de inscripción, (2) contratación directa con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas cuestionada por competencia y precio, y (3) presuntas relaciones entre aspirantes y una firma de abogados que, según las denuncias, favorecerían la confección de la terna. Estas irregularidades están documentadas en los oficios y denuncias que nos fueron entregados.
TITULO (RECUADRO)
Episodios preocupantes
- Exclusiones por “correo en cola”: El aspirante Germán Montenegro aportó un acta de envío de Servientrega que certifica envío y acuse de recibo técnico (timestamp 30-jul-2025 16:35:29). La Universidad/operadora respondió que el correo quedó en estado “Queued mail for delivery” y que, por tanto, no ingresó a la bandeja institucional antes de las 18:00, lo que motivó la inadmisión. El afectado interpuso tutela por violación al debido proceso.
- Denuncias de prácticas repetidas (2018 y 2025): Un oficio relata que en 2018 procesos similares con la misma universidad estuvieron envueltos en acusaciones de manipulación y “venta de exámenes”. El autor afirma que ese patrón se podría estar repitiendo en 2025. Esa afirmación figura en un oficio dirigido a autoridades
- Contratación directa y diferencia de precio: En la denuncia se cuestiona que el contrato para organizar la convocatoria en Pasto se firmó por $50.000.000 con la Universidad Distrital, mientras que una oferta para el Concejo de Popayán —mismo objeto— fue de $27.000.000. Se pide explicación por la diferencia y por qué no se abrió convocatoria pública entre universidades. Además se apunta a posible conflicto de interés porque el presidente del Concejo ha ejercido supervisión del contrato.
- Vínculos entre aspirantes y un mismo despacho: Las denuncias y material aportado por los denunciantes incluyen referencias y capturas (redes sociales) que ubican a varios elegibles o aspirantes vinculados laboralmente con la firma Francisco Fajardo Abogados & Asociados (se mencionan nombres como María Mercedes Tulcán, Paola Oviedo y otros en la documentación aportada por los denunciantes). Ese hecho es puesto en el expediente como indicio de posible conflicto o influencia. (Imágenes y publicaciones aportadas por denunciantes están en el expediente entregado a esta unidad investigativa).
Documentos entregados
- Acción de tutela de Germán Montenegro (anexa acta Servientrega, reclamación y respuesta de la Universidad): evidencia técnica y disputa sobre interpretación de la Ley 527 (mensajes de datos). Oficio 1
Oficio-denuncia de Bolívar Madroñero: relata antecedentes de 2018 y acusa prácticas de manipulación en concursos anteriores, pide medidas. Oficio2
Oficio de denuncia sobre conflicto de interés (16-sep-2025): relación directa con la contratación (monto y supervisión) y solicitudes a Procuraduría y Contraloría. Sept 16
Oficio que recopila solicitudes de investigación y pide certificación de procesos fiscales contra concejal (contiene el pedido de verificación sobre inhabilidades e incompatibilidades). Oficio 4
Análisis jurídico y técnico (puntos centrales)
- Ley 527 de 1999 (mensajes de datos): el reclamante sostiene que el acuse de recibo automatizado constituye recepción válida; la Universidad argumenta que la recepción efectiva a la “bandeja designada” no ocurrió antes del cierre. Jurídicamente hay jurisprudencia que exige certidumbre sobre recepción y, en ciertos casos, admite que la notificación se entiende surtida con acuses automáticos; no obstante, también está la interpretación de que mientras el mensaje permanezca en “cola” no ingresó a la bandeja. El conflicto plantea una cuestión técnica que puede decidir un juez de tutela. Oficio 1
TITULO (RECUADRO)
Universidades en el ojo del huracán
Normas sobre elección de contralores y contratación de universidades: la ley busca que universidades acreditadas o con capacidad técnica operen los exámenes para garantizar imparcialidad (mencionado en las denuncias). Los denunciantes sostienen que no se agotó convocatoria pública y se designó a la Universidad Distrital “a dedo”, lo que podría vulnerar la exigencia de transparencia que pretende la normativa.
Conflicto de interés y supervisión del contrato por parte del presidente del Concejo: las denuncias plantean que el concejal-presidente suscribió o supervisa el contrato y que, además, existirían procesos fiscales en su contra; la combinación podría configurar impedimento o conflicto de interés que, de confirmarse, tendría implicaciones disciplinarias y de perdida de investidura. Las quejas piden a Procuraduría y Contraloría verificar estos extremos. Oficio 4 y sept 16
Los documentos y oficios entregados —tutela por exclusión, oficios que recuerdan prácticas denunciadas en 2018, y una denuncia dirigida a Procuraduría— configuran un paquete probatorio suficiente para exigir que las autoridades competentes (Procuraduría, Contraloría Departamental y Universidad Distrital) informen públicamente sobre: (a) por qué se contrató directamente con la Universidad Distrital, (b) la razón técnica y económica del valor contratado ($50.000.000), (c) por qué no se abrió convocatoria de universidades y (d) la trazabilidad completa de los correos de inscripción. Mientras estas respuestas no estén claras, persiste un serio déficit de confianza ciudadana en un proceso que debía blindarse en transparencia.
