En las últimas horas, la Contraloría General de la Nación, ordenó el embargo preventivo de bienes del exalcalde de Ipiales, Luis Fernando Villota, acción que se decretó en el marco de un proceso de responsabilidad fiscal.
De acuerdo con lo dispuesto por el ente investigador, la medida cobija a tres bienes inmuebles, pertenecientes al exmandatario municipal, en desarrollo de un proceso en el que se investiga un presunto detrimento patrimonial que asciende a $270.850.409.
Origen de la investigación
Según la información suministrada por la Contraloría General de la Nación, la actuación hace parte de una investigación originada tras un hallazgo de auditoría relacionado con la administración de recursos de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para Resguardos Indígenas (AESGPRI).
Al respecto, los investigadores de la contraloría informaron que se hallaron varias inconsistencias, las cuales estarían asociadas a contratos que se llevaron a cabo entre los años 2022 y 2023 con la IPS Guaitara.
Otros vinculados
En desarrollo de la misma investigación, la contraloría también vinculo a Daniela Rueda Calvache, quien en la época en la que se produjeron los presuntos hechos irregulares, ejercía como directora encargada del Departamento Administrativo de Contratación, así como la Previsora S.A., en calidad de garante por las pólizas de manejo oficial vigentes durante ese periodo.
Medida cautelar
La medida cautelar fue fijada hasta por $541.700.818, suma equivalente al doble del presunto daño patrimonial, con el propósito de asegurar una eventual recuperación de los recursos públicos en caso de que, al concluir la investigación, se determine la existencia de responsabilidad fiscal.
La Contraloría General de la Nación, aclaró que esta decisión tiene un carácter estrictamente preventivo y no representa una declaración de responsabilidad ni una sanción contra las personas vinculadas.
Derecho a la defensa
Sobre el particular, la contraloría, informó que, en estos momentos, este proceso se encuentra en su etapa inicial. Por esta razón, los implicados conservan plenamente su derecho a la defensa y al debido proceso.
De esta manera, se informó que las personas y entidades que han sido vinculadas a la investigación por parte de la Contraloría General de la Nación, pueden recurrir a los recursos de reposición y apelación, mecanismos que permiten controvertir la medida dentro del trámite correspondiente.
Recomendación
Con respecto a esta situación, voceros de la contraloría, señalaron que este caso, vuelve a poner sobre la mesa, la importancia de ejercer el control y la vigilancia en los procesos de ejecución de los recursos públicos que han sido destinados a las comunidades de los resguardos indígenas de la ciudad de Ipiales.
