La Contraloría General de la República, a través de la Delegada para el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, adelanta seguimiento permanente a un programa por $234.399 millones destinado a la construcción de 60 Centros PotencIA en el país, tras evidenciar atrasos significativos, suspensiones contractuales y un presunto incumplimiento que derivó en la parálisis del proyecto desde noviembre de 2025, comprometiendo la oportunidad en la entrega de beneficios sociales y el adecuado uso de los recursos públicos.
Este ente de control ha realizado vigilancia preventiva, concomitante y rigurosa del programa, identificando riesgos asociados a debilidades en la planeación, estructuración y ejecución contractual, así como a la permanencia prolongada de recursos en fiduciarias, situación que puede afectar los principios de eficiencia, economía y oportunidad del gasto público, generando, costos de oportunidad y retrasando el impacto esperado en la ciudadanía.
A corte de abril de 2026, el programa registra un avance general de apenas el 17,71%, incluyendo actividades de estructuración adelantadas por la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER. No obstante, el avance de los contratos de obra es de tan solo el 2,09%, correspondiente a una etapa inicial (estudios, diseños, licencias y permisos), que aún no ha sido finalizada.
En materia financiera, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha desembolsado $4.056 millones a FINDETER, recursos sobre los cuales esta entidad deberá rendir cuentas. Adicionalmente, se han autorizado pagos por concepto de interventoría por $37,4 millones.
La Contraloría ha solicitado información detallada tanto al Ministerio de las TIC como a FINDETER, sobre la ejecución de los recursos, con el fin de evaluar la gestión fiscal y verificar la adecuada administración del patrimonio público.
Finalmente, la Contraloría General de la República hace un llamado a Ministerio de las TIC para que su gestión se fundamente en los principios de eficiencia, eficacia, economía y equidad, orientándose a maximizar resultados y garantizar el cumplimiento de los objetivos del programa, el cual buscaba beneficiar a cerca de 7 millones de personas al año, incluyendo más de 1,5 millones de estudiantes.
Toda demora en la ejecución de este proyecto impacta negativamente en la reducción de la brecha digital, la implementación de infraestructura para tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, y la generación de capacidades digitales en las regiones, afectando el desarrollo social, económico y competitivo del país.
