La Contraloría General de la República encendió las alarmas por el aumento de la contratación pública del Gobierno Nacional luego de la segunda vuelta presidencial. El organismo informó que entre el 22 de junio y el 21 de julio se firmaron 14.414 contratos por cerca de 4,55 billones de pesos, un incremento del 22,5 % frente al mismo periodo de hace cuatro años.
Según el informe del ente de control, el aumento se produjo tras el levantamiento de las restricciones de la Ley de Garantías, que limitaba la firma de determinados convenios durante la campaña electoral. Con el fin de esa norma, varias entidades aceleraron procesos contractuales, lo que generó preocupación por el respaldo presupuestal y la capacidad de ejecutar los proyectos antes de finalizar el año fiscal.
El contralor general, Carlos Rodríguez, señaló que el seguimiento a estos contratos será clave para garantizar el uso adecuado de los recursos públicos.
Siete riesgos preocupan al ente de control
La Contraloría identificó siete riesgos asociados al crecimiento de la contratación estatal. Entre ellos destacan el incremento de la contratación directa, que superó los 11.000 procesos en solo cuatro semanas, la débil planeación financiera en contratos de alto valor y la concentración de recursos en un número reducido de entidades.
El organismo advirtió que estos factores pueden afectar la supervisión de los proyectos y aumentar el riesgo de posibles irregularidades. Por ello, pidió fortalecer el control sobre la ejecución de los contratos y verificar que cada proceso cuente con respaldo presupuestal suficiente.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, también ha sido mencionado dentro del seguimiento que realizan las autoridades frente al impacto de estos compromisos sobre las finanzas públicas.
Gobierno entrante pide revisar contratos
A la advertencia de la Contraloría se sumó el ministro de Justicia designado, Iván Cancino, quien solicitó aplazar la adjudicación de algunos contratos que han sido objeto de cuestionamientos durante el cierre del gobierno del presidente Gustavo Petro.
El funcionario afirmó que el alto volumen de procesos contractuales debe ser revisado por el equipo de empalme para garantizar la transparencia y evitar compromisos que puedan afectar la estabilidad fiscal del próximo gobierno. Su pronunciamiento coincide con las alertas del ente de control sobre el acelerado ritmo de contratación estatal registrado después de las elecciones presidenciales.
