Un reciente informe de la Contraloría General de la República señala que los fondos y bienes destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado colombiano enfrentan un fuerte desbalance financiero y retrasos significativos que ponen en riesgo la implementación de las sentencias emitidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Déficit presupuestal y falta de bienes monetizados
Según el análisis del organismo de control, para la vigencia de 2026 existe un déficit de recursos cercano al 83,6 %, lo que implica que solo hay disponibles alrededor de COP 20.000 millones frente a los más de COP 121.000 millones estimados necesarios para cumplir con dos sentencias de la JEP que ordenan medidas de reparación integral.
Además, la Contraloría advirtió que la mayoría de los bienes que las antiguas FARC prometieron entregar como parte de los mecanismos de reparación aún no han sido efectivamente recibidos o monetizados por el Estado, lo que dificulta su utilización para compensar a las víctimas.
Entrega de activos y cumplimiento de acuerdos
Del inventario de bienes financieros y materiales que las FARC acordaron entregar tras el Acuerdo de Paz, solo una fracción ha sido monetizada o puesta a disposición de las autoridades para su ejecución en programas de reparación. Esto incluye una porción reducida de dinero en efectivo y muy pocos de los bienes inmuebles comprometidos por la extinta guerrilla.
El incumplimiento en la entrega de bienes, sumado a la falta de apropiaciones presupuestales claras para atender las órdenes judiciales, ha generado preocupación sobre la capacidad del Estado para garantizar la reparación integral a las víctimas reconocidas por la JEP.
Reacciones ante la advertencia
Pastor Alape, exintegrante del secretariado de las antiguas FARC y firmante del Acuerdo de Paz, negó que exista un incumplimiento intencional por parte de esa organización en la entrega de bienes para la reparación, y señaló que las demoras responden a vacíos normativos, fallas logísticas y dificultades en la implementación de las sentencias.
Alape argumenta que muchos bienes no han podido formalizarse o monetizarse por razones como falta de títulos legales, ubicación en zonas no reguladas o dificultades de seguridad en áreas con presencia de otros grupos armados, entre otros factores.
Impacto en la reparación y próximos pasos
La advertencia de la Contraloría plantea un desafío importante para el sistema de justicia transicional en Colombia, que busca garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición para millones de víctimas del conflicto armado interno.
El seguimiento y cumplimiento de las sentencias de la JEP dependerá en gran medida de una mejor financiación, coordinación institucional y una ruta clara para la monetización y entrega de los bienes comprometidos, así como de políticas públicas que aseguren que los recursos lleguen efectivamente a las comunidades afectadas.
