La Contraloría General de Cundinamarca abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra funcionarios y contratistas del municipio de Sopó por presuntas irregularidades en proyectos de infraestructura vial. Mediante el Auto 088 del 3 de diciembre de 2025, el organismo de control oficializó la medida, que involucra una cuantía de 6.738 millones de pesos.
La decisión se fundamenta en hallazgos que indicarían un presunto daño al patrimonio público derivado de deficiencias en la planeación, seguimiento y ejecución del proyecto. La inspección técnica realizada por la Contraloría reveló diferencias significativas entre las cantidades de obra reportadas y las realmente ejecutadas, además de identificarse faltantes físicos en las intervenciones programadas y debilidades en el control del proyecto.
El informe señala que el estado físico de los trabajos no corresponde con los soportes documentales presentados por los ejecutores del convenio, lo que habría comprometido la eficiencia de los recursos públicos destinados a la infraestructura vial. La Contraloría advierte que estas anomalías representan un riesgo directo para el erario, dado que la suma investigada corresponde al valor de las obras que presuntamente no se realizaron o que se ejecutaron sin cumplir con las especificaciones técnicas requeridas.
Estos recursos estaban destinados a garantizar la seguridad y movilidad de los habitantes de Sopó mediante la recuperación de su malla vial, una necesidad prioritaria para el municipio que ha experimentado un crecimiento demográfico importante en los últimos años. El caso cobra especial relevancia considerando que Sopó recientemente fue sede del XIV Campeonato Suramericano de Fútbol de Salón, evento que requirió de adecuadas condiciones de infraestructura.
El proceso fiscal busca establecer responsabilidades individuales y determinar si hubo afectación al patrimonio público por parte de los funcionarios y contratistas involucrados en la ejecución del proyecto. Mientras avanza la investigación, el organismo de control reiteró la importancia de fortalecer los mecanismos de supervisión y transparencia en la contratación pública para evitar que este tipo de situaciones se repitan en otros municipios del departamento.
La apertura del proceso marca un nuevo capítulo en la vigilancia sobre proyectos de infraestructura en Cundinamarca, donde se prioriza la correcta ejecución de los recursos públicos destinados al desarrollo territorial. Las autoridades departamentales han manifestado su compromiso con la transparencia y han señalado que colaborarán plenamente con las investigaciones para esclarecer los hechos y aplicar las sanciones correspondientes.