Ante el hundimiento en las últimas horas de la reforma laboral, el presidente de la República, Gustavo Petro anunció que acudirá a la consulta popular.
Aquí estamos hablando de dos hechos anunciados de antemano: el hundimiento de la reforma en la comisión séptima del Senado era segura, lo mismo que la determinación presidencial de hacer la consulta, previendo, como ocurrió, la caída del proyecto.
Sabemos que la figura de la consulta popular, es una herramienta totalmente válida, aceptada en la Constitución Nacional, a la que, en diferentes épocas, los gobernantes han acudido con resultados nada favorables a sus intereses.
Pero, la realidad en estos momentos, es que este mecanismo, no entusiasma a los colombianos, abismados por su alto costo que en un momento dado podría superar los 700 mil millones de pesos, puesto que se tiene el antecedente de consultas hechas hace más de una década, que costaron 500 millones de pesos.
Además, la realización de un proceso de esta clase no cae bien en momentos en que ya comenzó a correr el calendario electoral para las elecciones legislativas al Senado y a la Cámara de Representantes, que se llevarán a cabo el 8 de marzo de 2026. También en el próximo año, se realizarán los comicios a la presidencia de la República, lo que indica que los colombianos vamos a estar saturados de votaciones,
No se trata de ninguna exageración, puesto que se supone que la consulta popular tendría que hacerse en un plazo no menor de 4 meses y después el 26 de octubre, se tendrán las consultas de los partidos y movimientos políticos, para la escogencia de sus candidatos a las diferentes corporaciones. Eso sin contar, con la posibilidad de que se tengan que hacer en varias zonas del país, elecciones atípicas, al prosperar algunas demandas en contra de los mandatarios electos, tal como acaba de ocurrir el 23 de febrero en el Putumayo y el pasado 8 de marzo, en el municipio de El Rosario, departamento de Nariño.
Entonces no nos enfrentamos a una consulta popular, sino a una consulta impopular, mediante la cual el Gobierno Nacional busca salvar sus reformas a unos costos enormes.
Por lo tanto, el concepto de millones de colombianos, es que, en un tema de tanta transcendencia y sensible, como lo es el laboral, se pudo llegar a una concertación con los diferentes gremios, para la elaboración de una reforma que no causara tanta polémica y controversia, como la que presentó el Gobierno Nacional, a consideración del Congreso de la República.
Se nos viene entonces una consulta a la que dadas las circunstancias que se están viviendo, tendrá que cambiar su nombre a consulta impopular, con unos altísimos costos y con el agravante, de que como están las cosas, tiene todos los visos de que no sacará adelante el objetivo que se busca: que el pueblo la apruebe, lo que por ahora, parece bastante difícil.
De tal manera, que todo apunta, a que el Gobierno Nacional, tiene toda la intención de echar a la basura 700 mil millones de pesos en su afán de aprobar a toda costa sus reformas. Un desperdicio a todas luces innecesario, pero cuyo proceso ya comenzó a correr en medio del rechazo general.
Por ello, hoy nos enfrentamos a un panorama de incertidumbre por lo que pueda ocurrir de ahora en adelante en un proceso que el martes anterior, tuvo a miles de personas en las calles, mientras que en la comisión séptima del senado, se le daba sepultura a la reforma laboral.