Por medio de la Ley 1988 de 2019 que tiene por objeto establecer los lineamientos generales para la formulación de la política pública de los vendedores informales, con el fin de garantizar los derechos a la dignidad humana, al mínimo vital, al trabajo y a la convivencia en el espacio público, se busca establecer una herramienta para que se desarrollen soluciones enfocadas en atender la precariedad del sector, y ampliar las capacidades y oportunidades para reducir la pobreza y la desigualdad.
El representante de los vendedores informales del municipio de Túquerres, Néstor Trujillo, expresó “con la política pública esperan tener más garantías, como por ejemplo salud y estabilidad económica, ya que ellos dependen de las ventas realizadas en el día”.
La directora de la fundación Con por Nariño, Ángela Mafla, aseguró “la construcción de la política pública en el municipio de Túquerres es una realidad, ya que se están realizando las mesas de diálogo y concertación. Todos escuchamos las opiniones y aportaciones de parte de la institucionalidad y el gremio de la Ugti, reconociendo las necesidades de dicha población. La política pública es una construcción colectiva donde todos aportamos ideas con miras a un futuro próspero”.
Además, la política pública para vendedores informales cuenta con tres objetivos: empezar a reducir la informalidad laboral y la conflictividad por el uso del espacio público y ayudar a estas personas con programas sociales.
Trabajo colectivo
Así mismo con esta construcción colectiva de la política pública para vendedores informales se busca también establecer una herramienta para que se desarrollen soluciones enfocadas en atender la precariedad del sector, y ampliar las capacidades y oportunidad para así reducir la pobreza y la desigualdad.