En una decisión de alto impacto jurídico y económico, el Consejo de Estado suspendió de manera provisional el decreto del Gobierno que ordenaba el traslado exprés de aproximadamente $25 billones de pesos del ahorro pensional desde los fondos privados hacia Colpensiones.
La medida frena temporalmente una de las iniciativas más polémicas del gobierno del presidente Gustavo Petro, en medio del debate por la reforma pensional y la sostenibilidad fiscal del país.
Contexto: el decreto que desató la controversia
El Gobierno había expedido el Decreto 415 de 2026, con el cual ordenaba a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) trasladar en un plazo máximo de 30 días cerca de $25 billones correspondientes a más de 119.000 afiliados que se habían pasado del régimen privado al público.
La norma establecía un cronograma acelerado:
- 50% de los recursos en 20 días
- 50% restante en los siguientes 10 días
El traslado incluía no solo el capital ahorrado, sino también los rendimientos acumulados.
Esta medida se justificaba, según el Ejecutivo, en la necesidad de equilibrar el sistema pensional y garantizar que los recursos acompañaran a los afiliados que ya se habían trasladado a Colpensiones.
La decisión del Consejo de Estado
El alto tribunal decidió suspender de forma provisional el artículo clave del decreto que obligaba el traslado inmediato de los recursos.
Según el análisis judicial:
- El Gobierno “desbordó su potestad reglamentaria” al modificar lo establecido en la ley.
- La legislación vigente (Ley 2381 de 2024) establece que los recursos deben permanecer en las AFP hasta que se consolide el derecho pensional.
- El decreto cambiaba ese momento, ordenando un traslado inmediato, lo que podría ser ilegal.
Además, la suspensión se adoptó como medida cautelar urgente para evitar un posible daño irreversible, ya que, de ejecutarse el traslado, sería difícil revertirlo posteriormente.
¿Qué pasa ahora con los $25 billones?
Con la decisión:
- Se frena el traslado de la mayor parte de los recursos, especialmente los de afiliados que aún no están pensionados.
- Los fondos seguirán siendo administrados por las AFP mientras se resuelve de fondo la legalidad del decreto.
- El Consejo de Estado deberá emitir una decisión definitiva en los próximos meses.
En algunos casos específicos (como pensionados), podrían mantenerse ciertos traslados, pero la medida principal queda congelada.
Advertencias y tensiones alrededor de la medida
Antes de la suspensión, entidades como el Banco de la República, la Contraloría y la Procuraduría habían advertido riesgos legales y económicos del decreto.
Entre las principales preocupaciones estaban:
- Posible impacto en el mercado financiero
- Riesgo de desvalorización de activos
- Inseguridad jurídica en el sistema pensional
El gremio de fondos privados (Asofondos) también anunció acciones legales, argumentando que la medida afectaba el ahorro de los trabajadores.
Un choque institucional en pleno debate pensional
La decisión del Consejo de Estado refleja un choque entre el Ejecutivo y el poder judicial en torno a la reforma pensional.
Mientras el Gobierno busca acelerar cambios estructurales en el sistema, las cortes han actuado como un contrapeso institucional, revisando los límites legales de estas decisiones.
Este episodio se suma a la incertidumbre sobre la reforma pensional, que aún enfrenta revisión en otras instancias judiciales.
