El Consejo de Estado de Colombia tomó este viernes una decisión judicial de gran impacto al suspender de manera provisional la vigencia del decreto que fijó el aumento del salario mínimo para 2026, un acto administrativo que generó debate económico y jurídico en el país.
La medida cautelar adoptada por la Sección Segunda del alto tribunal deja sin efecto temporal el Decreto 1469 de diciembre de 2025, mediante el cual el Gobierno nacional —liderado por el presidente Gustavo Petro— había fijado el salario mínimo legal mensual vigente en 1.750.905 pesos colombianos, lo que, sumado al auxilio de transporte, se traducía en un ingreso base de casi 2 millones de pesos mensuales para trabajadores formales.
¿Por qué se tomó esta decisión?
La decisión responde a un cúmulo de recursos y demandas jurídicas presentadas ante el Consejo de Estado que impugnaban la legalidad del decreto por no haber aplicado criterios técnicos y constitucionales exigidos por la ley —como la inflación real del año anterior, productividad laboral, crecimiento del PIB y otros factores cuantificables— para definir el aumento del salario básico.
Según la providencia judicial, la medida cautelar no es una sentencia de fondo, sino un freno temporal mientras el tribunal decide sobre la validez del decreto en el proceso de nulidad que se avanza. Por eso, ordenó al Ejecutivo expedir, en un plazo máximo de ocho días calendario, un nuevo decreto transitorio con un porcentaje de incremento y valor total del salario mínimo para 2026, ajustado a los parámetros legales y constitucionales.
Contexto económico y jurídico
A finales de diciembre de 2025, el Gobierno decretó un aumento del 23 % —el más alto en décadas— frente a la cifra vigente en 2025. Esta decisión había sido criticada por sectores empresariales como Fenalco, que argumentó que se habían utilizado criterios no contemplados en la legislación colombiana y se había sustituido la valoración técnica por conceptos como el “salario vital” inspirados en referentes internacionales sin carácter vinculante.
Este aumento había generado expectativas entre millones de trabajadores colombianos, pero también preocupaciones sobre posibles efectos en la inflación, la formalidad laboral y los costos empresariales, en especial ante una economía que todavía ajusta indicadores clave como producto interno bruto (PIB) y productividad laboral real.
Qué significa esta suspensión provisional
- Suspensión temporal del decreto: Hasta que el Consejo de Estado no decida en definitiva sobre la legalidad del decreto original, éste no produce efectos jurídicos válidos.
- Plazo al Gobierno: El Ejecutivo debe expedir un nuevo decreto provisional dentro de ocho días, que regirá mientras se profiere sentencia definitiva.
- Debate legal: La decisión no cierra el caso de fondo, sino que introduce un nuevo paso en la discusión judicial sobre si la fijación salarial respetó los criterios técnicos y constitucionales que la ley exige.
Antecedentes
Un caso similar ocurrió en 2016, cuando el mismo alto tribunal anuló un decreto de salario mínimo por no cumplir con requisitos técnicos detallados, lo que obliga a las autoridades a justificar plenamente sus decisiones en materia de política salarial.
