El Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional de dos disposiciones del Decreto 802 de 2026, expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, que habilitaban el traslado de recursos presupuestales hacia la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en el marco de la atención de la emergencia asociada al fenómeno de El Niño.
La decisión fue adoptada como medida cautelar mientras la alta corporación estudia de fondo varias demandas que cuestionan la legalidad del decreto. Los demandantes sostienen que las normas suspendidas permitían modificar el presupuesto nacional sin cumplir los procedimientos establecidos por la Constitución y sin la autorización del Congreso.
Con esta determinación, el Consejo de Estado consideró que existen elementos suficientes para analizar si el Ejecutivo excedió sus facultades al autorizar dichos movimientos de recursos mediante decreto. La suspensión tendrá efecto mientras avanza el proceso judicial y se emite un fallo definitivo sobre la validez de la medida.
El decreto había sido presentado por el Gobierno como una herramienta para agilizar la destinación de recursos destinados a enfrentar las consecuencias del fenómeno de El Niño. Sin embargo, la decisión judicial frena temporalmente esa posibilidad hasta que se resuelva el litigio.
El caso se suma a los debates jurídicos y políticos alrededor del manejo de los recursos públicos y de las facultades extraordinarias del Gobierno para atender situaciones de desastre, un asunto que continuará siendo evaluado por el alto tribunal en los próximos meses.
