Bogotá, 14 de enero de 2026 — El Consejo de Estado de Colombia admitió formalmente para su estudio de fondo la primera demanda de nulidad contra el Decreto 1469 de 2025, mediante el cual el presidente Gustavo Petro fijó un aumento del salario mínimo para 2026 de aproximadamente 23%, una cifra inusual en las últimas décadas y que ha generado un intenso debate jurídico, político y económico.
La decisión de admitir la demanda fue tomada por la Sección Segunda del alto tribunal, en una providencia fechada el 13 de enero de 2026. Con esta admisión, el tribunal reconoce que el recurso cumple con los requisitos legales para iniciar un proceso de fondo que podría culminar, eventualmente, en la anulación total o parcial del decreto si se comprueba que fue expedido con vicios jurídicos o constitucionales.
📌 ¿Qué se cuestiona?
Los demandantes, entre ellos el abogado Germán Eduardo Castro Marín y otros ciudadanos, argumentan que:
- El decreto no siguió los parámetros legales tradicionales para fijar el salario mínimo, como la inflación proyectada, productividad, aportes de salarios al ingreso nacional o crecimiento del PIB.
- El Gobierno recurrió a una estimación externa sobre brecha salarial y salario “vital”, basada en supuestos técnicos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sin justificar suficientemente esas referencias dentro del marco jurídico colombiano.
- Se omitió la concertación tripartita —es decir, la negociación formal entre Gobierno, sindicatos y gremios empresariales—, lo cual es tradicional y esperado en la legislación laboral colombiana para fijar el salario mínimo.
- El aumento tan elevado podría tener impactos económicos adversos en el empleo formal, especialmente en pequeñas y medianas empresas, y riesgos fiscales por el alza de costos laborales.
🧑⚖️ ¿Qué sigue en el proceso judicial?
Ahora que el Consejo de Estado ha admitido la demanda, el magistrado asignado —Luis Eduardo Mesa Nieves— será responsable de evaluar los argumentos de fondo, escuchar a las partes involucradas y decidir si existen razones jurídicas suficientes para declarar la nulidad del decreto.
Hasta el momento, no se han concedido medidas cautelares que suspendan el decreto mientras se revisa el caso. Esto significa que el aumento del salario mínimo continúa vigente y aplicándose desde el 1 de enero de 2026, mientras se desarrolla el proceso judicial.
🧠 Respuestas políticas y contexto
El presidente Gustavo Petro ha defendido con vehemencia el aumento, calificándolo de un avance histórico hacia un “salario vital y familiar” conforme al mandato constitucional de garantizar un ingreso que permita una vida digna. A través de mensajes públicos y redes sociales, ha llamado a los trabajadores a defender la medida frente a intentos de frenar los decretos en los estrados judiciales.
Sectores sindicales han celebrado el incremento, mientras que gremios empresariales y economistas independientes han expresado su preocupación por los posibles efectos negativos en el empleo y la competitividad económica.
📉 ¿Podría tumbarse el decreto?
Los expertos en derecho administrativo señalan que, si bien sí existe un camino jurídico para anular un decreto de este tipo, ello requiere demostrar de forma clara que hubo una falta grave en la motivación y fundamentación legal del decreto, así como una violación de procedimientos previstos en la ley colombiana. Precedentes anteriores sugieren que el Consejo de Estado no anula decisiones que, aunque impopulares, cumplan los requisitos procedimentales y de motivación adecuados.
En este contexto, la batalla legal que se inicia podría extenderse por meses y mantener el debate político y económico al centro de la agenda pública en Colombia durante 2026.
