El Consejo de Estado aceptó una demanda que busca tumbar la resolución con la que la Superintendencia Nacional de Salud intervino la Nueva EPS, la aseguradora más grande del país. El abogado Samuel Ortiz interpuso la acción judicial y sostiene que el Gobierno no actuó por motivos legales sino políticos, tras el hundimiento de la reforma a la salud. Consejo de Estado abre estudio sobre polémica intervención a Nueva EPS.
Ortiz argumenta que el presidente Gustavo Petro impulsó la intervención para castigar a una EPS que no respaldó su proyecto de ley. En la demanda, el abogado citó mensajes del mandatario en X (antes Twitter) para mostrar que la decisión no respondió a una urgencia real dentro del sistema de salud.
El Consejo de Estado analizará si la resolución de Supersalud incurrió en desviación de poder y si violó derechos como el debido proceso y la defensa de la entidad intervenida.
Tribunal notifica a entidades clave y abre plazo procesal
El alto tribunal admitió formalmente la demanda mediante auto del 11 de julio de 2025. La Sala Primera de lo Contencioso Administrativo notificó a Supersalud, a la Procuraduría Delegada, al interventor Bernardo Camacho y a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.
El proceso entra ahora en una etapa clave: las partes tienen 30 días para presentar pruebas, excepciones o llamados en garantía. La Superintendencia deberá entregar los documentos que sustentan la intervención. Si no lo hace, enfrentará posibles sanciones disciplinarias.
Consejo de Estado estudiara la legalidad a la intervención de la Nueva EPS.
La decisión también exige publicar el caso en el portal del Consejo de Estado, garantizando así transparencia y seguimiento ciudadano.
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Procuraduría ya investiga la gestión de la Nueva EPS
La demanda llega en un momento complejo para la EPS. La Procuraduría visitó sus oficinas el 16 de julio y encontró fallas técnicas, financieras y operativas. Entre los hallazgos, el ente de control destacó la falta de información actualizada sobre facturación y pagos.
En 2024, los usuarios de la Nueva EPS interpusieron más de 86.000 tutelas para acceder a servicios de salud. En 2025, la cifra ya supera las 27.000, según datos del Congreso.
La Superintendencia mantiene bajo intervención a varias EPS: Sanitas, Famisanar, SOS y Savia Salud, entre otras. Sin embargo, solo Nueva EPS y Asmet Salud no han logrado reducir su nivel de deuda desde que están bajo control estatal.