El proceso de retorno de la comunidad emberá a sus territorios en Risaralda y Chocó avanzó este 8 de septiembre con la salida de 16 buses que trasladaron a cerca de 1.800 personas, el movimiento más grande de este tipo en la historia reciente de Bogotá. Sin embargo, un grupo de aproximadamente cien personas permanece en el Parque Nacional y se niega a aceptar las alternativas de reubicación ofrecidas por el Distrito.
Según la consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación, Isabelita Mercado, algunos voceros estarían incurriendo en prácticas extorsivas, exigiendo dinero en efectivo y contratos a cambio de permitir el traslado. “Rechazamos y denunciaremos legalmente estos comportamientos que limitan el acceso a derechos de las víctimas de desplazamiento forzado”, afirmó.
El Distrito informó que los emberá que aceptaron el retorno recibirán apoyo económico por 1.800 millones de pesos, distribuidos en cinco ciclos de transferencias monetarias condicionadas a la permanencia en sus territorios, a través del programa Ingreso Mínimo Garantizado y un convenio con el Banco Agrario.
Por su parte, el secretario de Integración Social, Roberto Angulo, denunció que un vocero identificado como ‘Fernando’ exige 30 millones de pesos para permitir la salida de las familias que aún permanecen en el parque, además de haber restringido el acceso de niños y niñas a servicios educativos y sociales, situación que calificó como una vulneración grave de derechos.