Cota, Cundinamarca. La comunidad del municipio de Cota y el país entero se encuentran consternados por un grave caso de presunto abuso sexual contra una niña indígena de apenas 11 años, que actualmente cursa un embarazo de siete semanas. El principal señalado es un voluntario de la Defensa Civil Colombiana, quien ya fue capturado por las autoridades y suspendido provisionalmente de sus funciones.
La menor, perteneciente a una comunidad indígena, fue identificada por su institución educativa como posible víctima de violencia sexual. Esto activó de inmediato la llamada «ruta blanca» de atención, que involucra el trabajo conjunto entre la Policía de Infancia y Adolescencia, la Fiscalía General de la Nación y entes de protección infantil.
Según fuentes del caso, el presunto agresor se desempeñaba como coordinador operativo de la Defensa Civil en la región. Frente a los hechos, la Dirección General del organismo confirmó la apertura de una investigación disciplinaria por falta gravísima, de acuerdo con el artículo 30 de la Resolución 000292 de 2024. Además, la Seccional Cundinamarca lidera el proceso interno, en el cual se han ordenado medidas cautelares, incluida la suspensión inmediata del voluntario para prevenir cualquier riesgo adicional.
“La institución educativa hizo lo que correspondía: activó los protocolos, reportó el caso, y con el acompañamiento de las autoridades se pudo iniciar una investigación que hoy permite proteger a la menor”, indicó una fuente cercana al proceso.
La Fiscalía ya presentó pruebas que respaldan la acusación y avanza en la investigación judicial. Asimismo, se indaga si la madre de la menor podría tener algún grado de conocimiento o responsabilidad en los hechos.
Rechazo desde las autoridades locales
El secretario de Gobierno de Cota, Daniel Manchola, expresó su indignación y solidaridad con la víctima:
“Rechazamos contundentemente cualquier acto violento en contra de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el municipio. Es lamentable que estos hechos, que enlutan de algún modo a la población, se generen”.
Este caso pone en evidencia la vulnerabilidad estructural de las niñas indígenas en Colombia, quienes enfrentan múltiples formas de violencia, incluyendo la pobreza, la discriminación, la exclusión institucional y las barreras en el acceso a servicios de protección y justicia.
Las autoridades insisten en que se garantice una atención integral y con enfoque diferencial para la víctima, incluyendo acompañamiento psicológico, protección física, acceso a salud y justicia, mientras avanzan tanto la investigación penal como el proceso disciplinario.