Autoridades analizan expediente de más de 5.000 folios que vincula a más de 30 representantes.
Redacción Extra
El representante a la Cámara por Boyacá, Wilmer Yair Castellanos, fue mencionado en un expediente que investiga presuntas irregularidades en la asignación de contratos del Invías, un caso que actualmente es analizado por la Corte Suprema de Justicia. Según la información conocida, el expediente supera los 5.000 folios y recopila evidencias recolectadas entre marzo y diciembre de 2025. En este documento se detalla un presunto esquema de entrega de contratos públicos a congresistas, que tendría como finalidad asegurar respaldo político a iniciativas impulsadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso.
Dentro de las hipótesis que se investigan, se plantea que desde el Ministerio de Hacienda se habría coordinado la asignación de más de 60 contratos, lo que ha generado cuestionamientos sobre un posible uso indebido de recursos públicos con fines políticos. Entre las pruebas que reposan en el expediente se incluyen chats, videos, tablas de asignación de cupos y seguimientos detallados a los procesos contractuales. En la lista de más de 30 congresistas mencionados aparece Castellanos, integrante del partido Alianza Verde. Es importante señalar que, hasta el momento, no existe una decisión judicial de fondo ni se ha determinado responsabilidad penal en su contra, por lo que su situación se mantiene en etapa preliminar dentro del proceso.
El caso reabre el debate sobre la relación entre contratación estatal y actividad legislativa, un tema recurrente en Colombia frente a los riesgos de clientelismo y posibles prácticas de intercambio político. De confirmarse los hechos, se pondrían en entredicho principios fundamentales como la transparencia, la equidad y la correcta destinación de los recursos públicos. La investigación continúa en manos de la Corte Suprema, entidad competente para adelantar procesos contra congresistas. Se espera que en las próximas etapas se definen posibles llamados a indagatoria o decisiones que permitan establecer con mayor claridad el alcance de los hechos y las responsabilidades individuales.
En Boyacá, el caso ha generado reacciones en distintos sectores ciudadanos que piden claridad y garantías de transparencia. La atención se centra ahora en el avance del proceso judicial, cuyos resultados podrían tener implicaciones políticas relevantes tanto a nivel regional como nacional, en un contexto donde la lucha contra la corrupción sigue siendo una de las principales demandas de la ciudadanía.
