Viviana Paola Martín Arévalo, alcaldesa/foto: archivo particular
Un nuevo capítulo judicial y administrativo rodea la situación de la alcaldesa del municipio de Chivor, luego de conocerse documentos oficiales de la Fiscalía General de la Nación y de la Gobernación de Boyacá relacionados con el proceso de pérdida de investidura que actualmente se encuentra en trámite.
De acuerdo con un oficio emitido por la Fiscalía 29 Seccional de Guateque, con fecha del 28 de mayo de 2026, bajo el número de indagación 150016000130202610615 se adelanta una denuncia relacionada con la pérdida de investidura de la mandataria municipal. El documento señala que, una vez el fallo quede ejecutoriado, corresponderá al Gobernador de Boyacá hacer efectiva la decisión judicial, declarar la vacancia del cargo y proceder con la designación de un reemplazo temporal mientras se convocan nuevas elecciones en el municipio.
Además, el oficio advierte que cualquier acto administrativo firmado por la alcaldesa después de quedar en firme la decisión judicial podría ser considerado nulo, situación que podría generar implicaciones administrativas y jurídicas para el municipio. Paralelamente, la Secretaría de Gobierno y Acción Comunal de Boyacá respondió mediante el radicado S-2026-000658-SECGOB al seguimiento del proceso identificado con el número E-2026-026446-VU.
En dicha respuesta, la Gobernación confirmó que recibió y tramitó la solicitud presentada el pasado 6 de mayo de 2026 y que, tras un análisis jurídico, remitió la documentación al Honorable Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho No. 1, dentro del proceso judicial No. 15001-23-33-000-2024-00131-00. La administración departamental también informó que solicitó acompañamiento de la Unidad Administrativa Especial de Asesoría y Defensa Jurídica para revisar el alcance de las providencias judiciales relacionadas con el caso. Sin embargo, la Gobernación dejó claro que no tiene competencia para determinar si existe o no incumplimiento de una sentencia judicial, señalando que esa función corresponde exclusivamente al juez competente dentro del proceso.
En la respuesta oficial, la entidad sostuvo que sus actuaciones se han limitado a trámites administrativos como recepción de documentos, revisión preliminar y traslado de la información a las autoridades judiciales correspondientes. Los documentos conocidos incluyen soportes documentales, conceptos jurídicos emitidos el 7 de mayo de 2026 y copias de las remisiones realizadas tanto a la oficina jurídica como al Tribunal Administrativo de Boyacá.
Aunque hasta el momento no existe un pronunciamiento definitivo sobre la ejecución del fallo, los oficios dejan en evidencia que el caso ya se encuentra bajo revisión de distintas instancias judiciales y administrativas del departamento, mientras crecen las preguntas sobre la estabilidad institucional en el municipio de Chivor y las consecuencias legales que podrían derivarse de una eventual confirmación de pérdida de investidura.
