Como una forma de exceder los principios del derecho penal y camuflar una condonación de penas a delincuentes que ya fueron condenados, calificó la exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, el borrador del proyecto de ley con el que el gobierno de Gustavo Petro busca procesar a las estructuras de crimen organizado que participen en las mesas de la política de “paz total”.
La exfuncionaria, quien hizo parte del mismo gabinete hasta hace un mes, y fue reemplazada por Eduardo Montealegre, declaró este viernes que “no hay autorización en la ley 2272 de 2022 (Ley de Paz Total) ni en la lectura que le hizo la Corte Constitucional, para desconocer los principios de la justicia penal, las personas que están condenadas deben pagar su pena; ni están privilegiando un sometimiento posterior a una condena proferida por un juez. Ellos (los delincuentes de las bandas) ya han sido sometidos por la justicia”.
Buitrago dijo que “yo veo en ese proyecto una forma de camuflar una condonación de pena a las personas condenadas, que tienen penas inclusive altísimas, y que eso no lo autoriza la Ley 2272”.
El borrador en cuestión lleva por título provisional “Proyecto de ley por medio del cual se establece tratamiento penal diferenciado para integrantes de grupos armados y reglas de colaboración eficaz para el sometimiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, financiadores, colaboradores y otros, para la consolidación de la paz”.
Los beneficios
Aunque el propósito es presentarlo al Congreso en la próxima legislatura, ya comenzaron a filtrarse algunos de los beneficios que recibirían los cabecillas de los grupos de carácter no político que participen en los desarmes desde las cárceles.
Entre ellos están las penas de 5 a 8 años de prisión para los mandos medios y jefes; y de 2 a 5 años para los miembros rasos de estos grupos.
Para el caso de los capos que están encarcelados, el borrador propone que obtengan la libertad condicional si ya han pasado más de cinco años tras las rejas.
También la posibilidad de no ser extraditados y recibir penas alternativas en colonias agrícolas y centros de reclusión.