En un importante avance judicial, la Fiscalía General de la Nación logró que Víctor Hugo Serrano, exintegrante de la Red de Apoyo al Terrorismo (RAT) de la extinta Columna Daniel Aldana de las Farc, aceptara su responsabilidad en el asesinato de un hombre ocurrido en Tumaco, Nariño, en 2014. La sentencia se produjo tras un preacuerdo y una negociación judicial avalada por un juez de conocimiento, que condenó al procesado a 12 años de prisión por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo, así como explosivos.
El crimen que motivó la sentencia se remonta al 20 de febrero de 2014, cuando el cuerpo sin vida de un hombre fue hallado por integrantes de la Policía Nacional dentro de un vehículo, en una playa del puerto de Tumaco. La investigación que se llevó a cabo con el apoyo de diversas entidades de seguridad reveló que el asesinato fue perpetrado por varios miembros de la Red de Apoyo al Terrorismo de la estructura Daniel Aldana de las Farc, incluyendo a Serrano. La colaboración de las autoridades y las pruebas recopiladas durante la investigación fueron claves para dar con la identidad de los responsables.
Prisión
El hecho de que el condenado haya aceptado su responsabilidad a través de un preacuerdo refleja un avance significativo en la lucha por la justicia, sobre todo en un contexto tan complejo como el de Tumaco, una región golpeada por décadas de violencia. La condena no solo incluye la pena de prisión, sino también una multa económica que asciende a 1.350 salarios mínimos mensuales legales vigentes, una sanción que refuerza el compromiso del sistema judicial por hacer justicia ante estos crímenes.
Es importante resaltar que, a pesar de su colaboración en el proceso judicial, Serrano no recibió ningún tipo de beneficio. El condenado continuará privado de su libertad en un establecimiento carcelario, y la sentencia pone de manifiesto el firme propósito del Estado colombiano por continuar con el proceso de judicialización de aquellos que fueron responsables de crímenes durante el conflicto armado, especialmente aquellos vinculados a estructuras como las Farc. Esta sentencia es solo un capítulo más en la búsqueda de justicia en Nariño, un departamento que ha sufrido profundamente a causa de la violencia y el accionar de grupos armados ilegales. A través de la aplicación de la justicia, las autoridades buscan garantizar la reparación para las víctimas y sentar un precedente en la lucha contra el crimen organizado.