La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura y condenó a 9 años de cárcel al exgobernador del Putumayo, Felipe Alfonso Guzmán, por las presuntas irregularidades en un contrato por más de 400 millones de pesos para la fabricación de juguetes destinados a niños de escasos recursos de ese departamento en el año 2008.
Esta decisión del alto tribunal contra el exgobernador de Putumayo está relacionada con la presunta comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por acción, dentro de un proceso relacionado con millonarios convenios para la fabricación de juguetes destinados a niños de bajos recursos del departamento.
Ambos contratos tenían el mismo propósito que era fabricar artículos lúdico-didácticos para niños y niñas de escasos recursos durante la temporada decembrina.
En el fallo de 136 páginas, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia expone cuáles habrían sido las irregularidades de dos contratos celebrados en el año 2008, la suma de ambos asciende a más de 400 millones de pesos.
En ese mismo fallo, la Corte Suprema de Justicia absolvió al exgobernador encargado Camilo Augusto Otaya, quien era investigado por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
La Corte Suprema de Justicia determinó que las fundaciones contratadas no tenían dentro de su objeto social la fabricación de juguetes y fueron utilizadas como “fachada”, vulnerando los principios de la contratación pública.
Para la Corte Suprema de Justicia esos recursos tenían destinación específica y no podían utilizarse para esos fines, por lo que la actuación desconoció normas constitucionales y legales.
Por ello Corte lo halló responsable de los delitos de prevaricato por acción y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos ilegales. Los convenios, por más de $470 millones, fueron firmados con la Fundación Cultural del Putumayo y la Fundación Futuro Ambiental del Putumayo, entidades que no tenían dentro de su objeto social la fabricación de juguetes.
La investigación estableció que Guzmán Mendoza modificó el presupuesto departamental para destinar recursos de cuotas pensionales a actividades culturales decembrinas y compra de juguetes, pese a que tenían destinación específica por ley.
El alto tribunal negó beneficios como pris1ón domiciliaria o suspensión condicional de la pena y ordenó su c@ptura inmediata. Guzmán Mendoza ya fue recluido en un establecimiento carcelario del Inpec. Además, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por más de 10 años y deberá pagar una multa de 375 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos.
La sentencia es de primera instancia y procede recurso de apelación.
