El Concejo de Bogotá se convirtió esta semana en el escenario de una de las denuncias más graves contra la ética pública en la administración distrital reciente. El cabildante Leandro Castellanos presentó un expediente demoledor que apunta a la existencia de una red de acoso laboral sistemático dentro del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). La denuncia no solo se limita a maltratos verbales, sino que escala a niveles de posible obstrucción a la justicia mediante la eliminación de material probatorio fundamental.
El foco de la tormenta: La Oficina de Asuntos Locales Según el debate de control político, el eje de las irregularidades gira en torno a Hugo Cortés, jefe de la Oficina de Asuntos Locales. Castellanos presentó testimonios de múltiples funcionarios que, desde el año 2024, han radicado quejas formales por conductas que incluyen persecución, amenazas constantes y traslados arbitrarios realizados sin justificación técnica, con el único fin de quebrar la voluntad de los trabajadores.
¿Encubrimiento institucional? El misterio de los audios desaparecidos El hallazgo que más ha indignado a la opinión pública es la presunta eliminación de los audios de una reunión clave del Comité de Convivencia Laboral. En dichas grabaciones reposaban evidencias y testimonios directos sobre las irregularidades en la oficina de Cortés. Esta acción, que Castellanos califica como una falta gravísima contra la legalidad, sugiere una estructura de encubrimiento diseñada para proteger al funcionario señalado mientras las víctimas son removidas de sus cargos o asediadas administrativamente.
