Los concejales de Ipiales (Colombia) y Tulcán (Ecuador) avanzan en la elaboración de un documento conjunto con el que buscan solicitar la intervención de las Cancillerías de ambos países frente a la compleja situación económica que atraviesa la zona fronteriza.
Al respecto, el concejal ipialeño Carlos Coral explicó que la iniciativa pretende llamar la atención de los gobiernos de Colombia y Ecuador para que se convoque a una reunión binacional en la que se analicen alternativas que permitan aliviar el impacto de las recientes medidas arancelarias.
Efectos directos
De acuerdo con el cabildante, el aumento en los aranceles ha generado efectos directos en la actividad comercial y en el intercambio económico que tradicionalmente mantienen ambas ciudades, afectando también la dinámica social de miles de familias que dependen del movimiento fronterizo.
Los concejales de ambos países consideran que es urgente la participación de las autoridades diplomáticas de los dos países para buscar soluciones concertadas que ayuden a mitigar las consecuencias de estas medidas y a reactivar la economía en este importante corredor fronterizo.
Tensión
El gobierno de Ecuador, bajo el mandato de Daniel Noboa, anunció la imposición de un arancel del 30% a productos colombianos. La medida se justificó como una «tasa de seguridad» ante la supuesta falta de cooperación de Colombia en la vigilancia de la frontera común
Como medida recíproca, el Gobierno de Colombia comenzó a cobrar un arancel del 30% sobre diversos productos ecuatorianos. La escalada llegó en marzo, cuando Ecuador aumentó la tasa al 50% para las importaciones provenientes de Colombia, medida que entró en vigor el 1 de marzo de 2026.
El impacto en el Puente Internacional de Rumichaca ha sido crítico, con bloqueos totales y una parálisis casi completa del transporte de carga durante el mes de marzo de 2026. El puente de Rumichaca y el sector de la Y ha escalado a un cierre total tras cumplirse varios días de paro por parte de gremios colombianos en protesta por los aranceles.
