En articulación con el Congreso de la República y entidades del Estado, el Gobierno nacional actualizó la Ley 985 de 2005 y promovió la expedición de la Ley 2608 de 2026, fortaleciendo la prevención, la protección de las víctimas y la respuesta institucional frente a las nuevas dinámicas de la trata de personas.
En el marco de la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas, el Gobierno del presidente Gustavo Petro presentó el balance de cuatro años de gestión en la lucha contra este delito, destacando como uno de sus principales avances la actualización del marco normativo.
Este resultado, según se indicó, fue posible gracias al trabajo de coordinación y articulación liderado por el Ministerio del Interior, a través de la Subdirección de Gobierno, Gestión Territorial y Lucha contra la Trata de Personas, con el Congreso de la República y las entidades que integran la respuesta institucional del Estado, consolidando una legislación moderna que fortalece la prevención, la protección de las víctimas y la persecución de las redes criminales, especialmente frente a las nuevas modalidades de explotación en entornos digitales.
La trata de personas es una de las violaciones más graves a los derechos humanos. Frente a este desafío, el Gobierno nacional fortaleció la capacidad del Estado para prevenir este delito, proteger a las víctimas y llegar a las poblaciones con mayor riesgo de vulnerabilidad, demostrando que combatir la trata requiere presencia institucional, articulación y acciones concretas.
Durante este periodo, el ministerio del Interior consolidó el funcionamiento de los 32 comités departamentales, fortaleció más de 610 comités municipales e impulsó 210 nuevos planes de acción territorial, llevando la política pública a departamentos y municipios donde históricamente la respuesta institucional era limitada.
La estrategia priorizó territorios como Amazonas, Guainía, Vichada, Putumayo, Chocó, La Guajira y Norte de Santander, fortaleciendo la presencia del Estado en zonas de frontera y alta vulnerabilidad.
De la misma manera, el Gobierno desarrolló campañas pedagógicas y procesos de sensibilización dirigidos a niños, niñas y adolescentes, comunidades indígenas, población afrocolombiana, población migrante, instituciones educativas y organizaciones sociales, reconociendo que los criminales utilizan redes sociales, falsas ofertas laborales, promesas de estudio y engaños afectivos para captar a sus víctimas.
Como parte de esta estrategia diferencial, se desarrollaron materiales pedagógicos adaptados a los territorios, incluyendo herramientas en lengua wounaan y creole, para que los mensajes de prevención fueran transmitidos respetando la cultura y la identidad de las comunidades.
El Ministerio informó que entre enero de 2022 y junio de 2026 el Estado logró identificar y caracterizar 1.448 víctimas de trata de personas, de las cuales 918 correspondieron a trata externa y 503 a trata interna.
Más de 1.200 mujeres fueron identificadas y pudieron acceder a una respuesta institucional fortalecida para el restablecimiento de sus derechos.
Asimismo, la información recopilada permitió comprender mejor las modalidades del delito, identificar que 968 víctimas fueron captadas en Colombia y orientar con mayor precisión las acciones de prevención y protección.
En materia de inversión pública, entre 2020 y 2026, los recursos destinados a la lucha contra la trata de personas crecieron más del 346 %, permitiendo ampliar la capacidad institucional, fortalecer la asistencia integral a las víctimas, incrementar la presencia territorial y consolidar la cooperación entre entidades nacionales e internacionales.
Como parte de este esfuerzo, el Gobierno del presidente Gustavo Petro fortaleció la cooperación internacional mediante la reactivación y consolidación de 12 memorandos de entendimiento con países de la región y alianzas estratégicas con organismos como UNODC, AECID, Fundación Renacer, Corporación Valientes y Abogados Sin Fronteras Canadá, entre otros, ampliando las capacidades del país para prevenir este delito y proteger a las víctimas dentro y fuera de Colombia.
