Tras una reunión con autoridades locales, organismos humanitarios, organizaciones sociales y comunidades afectadas por los recientes hechos de violencia en el departamento del Cauca, como el que ocurrió en el sector La Pedregosa (de Cajibío), la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, hizo un llamado urgente a los grupos armados ilegales a cesar las agresiones contra la población civil, respetar su vida e integridad y el derecho internacional humanitario (DIH).
Asimismo, advirtió que lo sucedido en el suroccidente del país (además de Cauca, Nariño y Valle del Cauca) podría constituirse como crímenes de guerra y de lesa humanidad, dada su gravedad y carácter sistemático.
“Hay un clamor muy grande para que los grupos armados, y particularmente los responsables de estos hechos, suspendan las agresiones en contra de las personas y realmente entren en un proceso humanitario de respeto a la población civil y al pueblo caucano”, expresó la Defensora del Pueblo.
También recogió el sentimiento de dolor, frustración y temor, pero también de resiliencia de las comunidades afectadas. En este contexto, insistió en que la respuesta del Estado no puede limitarse a acciones de la fuerza pública, sino que debe incluir medidas integrales y sostenidas en el tiempo.
“La respuesta no puede ser únicamente militar. La respuesta militar es reactiva y no soluciona los problemas de fondo del departamento del Cauca. Se requiere una mirada más profunda, estratégica y de largo plazo, que se trabaje con las comunidades”, afirmó la Defensora Iris Marín Ortiz.
Es por ello que le solicitó al Gobierno nacional fortalecer su presencia en el territorio con atención humanitaria inmediata, acompañamiento a víctimas, acceso a salud y estrategias de prevención del reclutamiento forzado, así como con alternativas económicas frente a cultivos de uso ilícito y minería ilegal.
La Defensora respaldó el comunicado emitido por la comunidad de La Pedregosa, en el que exigen el esclarecimiento pleno de la verdad sobre los hechos del 25 de abril, así como una justicia efectiva que garantice investigaciones reales. Reclaman una reparación integral para las víctimas, con enfoque diferencial para mujeres, niñas, niños y personas mayores, junto con la adopción de medidas cautelares urgentes que eviten la revictimización. Y solicitan acciones inmediatas por parte del Estado que permitan atender de manera efectiva la emergencia humanitaria en el territorio.
“También hacemos un llamado a que no haya una utilización electoral de esta situación. Las comunidades necesitan respuestas reales, no instrumentalización de su dolor”, manifestó la Defensora del Pueblo.
Asimismo, recordó que la Defensoría del Pueblo presentó en octubre del año pasado su documento ‘Cauca: voces que resisten’, que contiene recomendaciones clave para atender la crisis en el departamento, e insistió en la necesidad de una articulación coordinada entre Gobierno nacional, Gobernación, alcaldías y comunidades para su implementación efectiva.
Enfatizó sobre la urgencia de atender de manera inmediata a las comunidades afectadas, priorizando la protección de la vida, la atención humanitaria y el acompañamiento a las víctimas frente al riesgo de nuevos hechos de violencia y posibles desplazamientos.
Finalmente, remarcó que lo importante es avanzar en soluciones sostenibles, garantizar derechos y prevenir la repetición de estas graves afectaciones en el suroccidente del país.
