La seguridad y el orden público se mantienen entre las principales preocupaciones de las comunidades de Nariño, en un momento en el que el nuevo Gobierno Nacional plantea cambios en la estrategia para enfrentar a los grupos armados ilegales. En el departamento, la discusión adquiere especial relevancia por las situaciones que se presentan en diferentes municipios y corredores estratégicos.
Uno de los principales llamados está relacionado con la protección de la población civil. La Defensoría del Pueblo advirtió recientemente sobre confrontaciones armadas, ataques con artefactos explosivos y afectaciones a los medios de subsistencia de comunidades rurales de Linares y Los Andes, donde se registra presencia de diferentes estructuras armadas. La entidad pidió garantizar el acceso de los organismos de socorro y reforzar la protección de los habitantes.
A esta situación se suma la preocupación por la seguridad en la vía Panamericana, corredor fundamental para la movilidad y la economía de Nariño. Reportes recientes señalan atracos a buses, robo de vehículos y carga, secuestro de automotores, amenazas y atentados en diferentes puntos de la carretera entre Nariño, Cauca y Valle del Cauca.
El debate también ha llegado a las autoridades departamentales. El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, ha manifestado su preocupación frente al cambio de enfoque del Gobierno Nacional y ha insistido en que la respuesta a la situación de seguridad debe tener en cuenta las particularidades de los territorios y la protección de las comunidades. En declaraciones a Caracol Radio, señaló que el departamento no debería pasar de una política de “paz total” a una de “guerra total”.
En este contexto, las comunidades esperan que las decisiones que adopte el Gobierno Nacional se traduzcan en mayor seguridad en las zonas rurales, protección para líderes y población civil, garantías para transitar por las carreteras y una respuesta efectiva frente a las estructuras criminales, sin que la población quede en medio de las confrontaciones. El reto para las autoridades será articular las acciones nacionales, departamentales y municipales y garantizar que las medidas de seguridad tengan presencia efectiva en los territorios.
