En los territorios de la Costa Pacífica nariñense, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales son pilares esenciales para el bienestar de las comunidades. Desde el acceso a una vivienda digna hasta la protección y promoción de las tradiciones y el patrimonio cultural, cada uno de estos derechos juega un papel crucial en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
Con el objetivo de contribuir a la construcción de paz, defensa y exigibilidad de los Derechos Humanos de las comunidades del Pacífico nariñense, la Pastoral Social de Tumaco llevó a cabo un diálogo con el defensor Jair Mena, quien ha expuesto las diferentes violaciones de los derechos que se presentan en las regiones del municipio costero.
Desatención
Según Mena, la vulnerabilidad de las comunidades en el Pacífico colombiano está estrechamente relacionada con una serie de temas acumulados de desatención por parte del Estado, falta de presencia institucional y la ausencia de políticas efectivas. «Estas situaciones se reflejan en las alertas tempranas, pero, además, se encuentran agravadas por el conflicto armado que históricamente ha afectado a esta región», precisó el defensor.
Uno de los puntos más críticos resaltados por el funcionario es la falta de acceso a servicios básicos como salud, educación y fuentes de empleo estables, lo cual genera una situación de precariedad y desigualdad que afecta directamente la calidad de vida de las comunidades.
Opciones
«Un niño que no accede a la educación o cuyo Gobierno no le garantiza este derecho tiene mayores probabilidades de caer en manos de grupos armados. Estas personas no tienen opciones viables fuera de este contexto, por lo que es necesario garantizar sus derechos y brindarles un acompañamiento efectivo para mitigar esta problemática», puntualizó Mena.
La realidad en la Costa Pacífica nariñense es un llamado urgente a la acción por parte de las autoridades gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional. Es necesario implementar políticas públicas integrales que aborden de manera efectiva las necesidades básicas de las comunidades, así como fortalecer la presencia institucional para garantizar la protección de los Derechos Humanos en todas sus dimensiones.